La audiencia solicitada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, está fijada para el 4 de junio, la que tiene por objetivo acceder a la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, quien falleció el pasado 27 de abril en Putre, tras un ejercicio militar realizado en adversas condiciones climáticas.
No obstante, el Ministerio Público Militar ingresó esta semana una orden de no innovar para inhabilitar a la fiscalía y al Juzgado de Garantía de Arica, para que así detengan la vista de la indagatoria mientras la Corte Suprema no resuelva si el caso de Franco será llevado por la justicia militar o la civil, solicitud que fue acogida por la Segunda Sala del máximo tribunal.
La decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Leopoldo Llanos y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada.
“A lo principal del escrito 43427-24: Sin perjuicio que lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”, se lee en la resolución de la sala penal.
La investigación por ahora corre por carriles separados, una liderada por la ministra en visita de la corte marcial Jenny Book, y otra que avanza por la justicia penal ordinaria, que lleva adelante el fiscal Carrera.
En esa dualidad, el Ministerio Público había accedido a la solicitud de uno de los querellantes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la familia, para que realizaran una nueva autopsia al cadáver del joven bajo el Protocolo de Minessota.
Ahora, con la respuesta de la Suprema, las diligencias de la Fiscalía de Arica se ven frenadas mientras el máximo tribunal no se aboque al fondo del asunto y dirima la competencia jurisdiccional para llevar adelante la investigación. Se espera que dentro de los próximos días la Segunda Sala se pronuncie respecto de la contienda y defina quién debe llevar las pesquisas, la justicia militar o la ordinaria.
La audiencia solicitada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, está fijada para el 4 de junio, la que tiene por objetivo acceder a la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, quien falleció el pasado 27 de abril en Putre, tras un ejercicio militar realizado en adversas condiciones climáticas.
No obstante, el Ministerio Público Militar ingresó esta semana una orden de no innovar para inhabilitar a la fiscalía y al Juzgado de Garantía de Arica, para que así detengan la vista de la indagatoria mientras la Corte Suprema no resuelva si el caso de Franco será llevado por la justicia militar o la civil, solicitud que fue acogida por la Segunda Sala del máximo tribunal.
La decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Leopoldo Llanos y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada.
“A lo principal del escrito 43427-24: Sin perjuicio que lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”, se lee en la resolución de la sala penal.
La investigación por ahora corre por carriles separados, una liderada por la ministra en visita de la corte marcial Jenny Book, y otra que avanza por la justicia penal ordinaria, que lleva adelante el fiscal Carrera.
En esa dualidad, el Ministerio Público había accedido a la solicitud de uno de los querellantes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la familia, para que realizaran una nueva autopsia al cadáver del joven bajo el Protocolo de Minessota.
Ahora, con la respuesta de la Suprema, las diligencias de la Fiscalía de Arica se ven frenadas mientras el máximo tribunal no se aboque al fondo del asunto y dirima la competencia jurisdiccional para llevar adelante la investigación. Se espera que dentro de los próximos días la Segunda Sala se pronuncie respecto de la contienda y defina quién debe llevar las pesquisas, la justicia militar o la ordinaria.
La audiencia solicitada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, está fijada para el 4 de junio, la que tiene por objetivo acceder a la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, quien falleció el pasado 27 de abril en Putre, tras un ejercicio militar realizado en adversas condiciones climáticas.
No obstante, el Ministerio Público Militar ingresó esta semana una orden de no innovar para inhabilitar a la fiscalía y al Juzgado de Garantía de Arica, para que así detengan la vista de la indagatoria mientras la Corte Suprema no resuelva si el caso de Franco será llevado por la justicia militar o la civil, solicitud que fue acogida por la Segunda Sala del máximo tribunal.
La decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Leopoldo Llanos y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada.
“A lo principal del escrito 43427-24: Sin perjuicio que lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”, se lee en la resolución de la sala penal.
La investigación por ahora corre por carriles separados, una liderada por la ministra en visita de la corte marcial Jenny Book, y otra que avanza por la justicia penal ordinaria, que lleva adelante el fiscal Carrera.
En esa dualidad, el Ministerio Público había accedido a la solicitud de uno de los querellantes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la familia, para que realizaran una nueva autopsia al cadáver del joven bajo el Protocolo de Minessota.
Ahora, con la respuesta de la Suprema, las diligencias de la Fiscalía de Arica se ven frenadas mientras el máximo tribunal no se aboque al fondo del asunto y dirima la competencia jurisdiccional para llevar adelante la investigación. Se espera que dentro de los próximos días la Segunda Sala se pronuncie respecto de la contienda y defina quién debe llevar las pesquisas, la justicia militar o la ordinaria.
Fotografía de Franco Vargas, conscripto que murió tras una marcha en Putre durante su servicio militar. Foto: Agencia Aton 
