A través de una declaración, un grupo de organizaciones de periodistas y comunicadores, expresó su preocupación por las consecuencias derivadas del reportaje publicado por Radio Biobío titulado “Toño Marchant te puso en mi camino, los chats secretos con periodista que sellaron caída de Llaitul” y que vincula al líder de la Coordinadora Arauco Malleco con los periodistas Josefa Barraza, Mónica González, Natalia Nicolás y Boris van der Spek.

En su declaración, las organizaciones entre las que se cuentan: el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Iniciativa por Más Periodismo y la Libertad de Expresión y la Red de Periodistas Migrantes, señalan que “la publicación “difunde de forma descontextualizada, información de una investigación reservada revelando datos personales y fragmentos de conversaciones de periodistas con una fuente informativa en el marco de la elaboración de reportajes periodísticos sobre asuntos de eminente interés público”.

En esa línea, las organizaciones agregan que “El texto vincula de manera desprolija a periodistas quienes generaron un vínculo profesional en el marco de su labor informativa y el trabajo en medios de comunicación. Consideramos importante señalar que, en el ejercicio de la profesión, las y los periodistas tienen el deber de mantener y propiciar el contacto con distintas fuentes informativas presentes en el territorio cuando aportan un punto de vista a la información que se aborda para obtener información de primera mano, protegiendo el secreto profesional que es esencial para el ejercicio del periodismo y el escrutinio de asuntos de interés público”.

Por lo mismo, en el documento consideran que “el reportaje en cuestión no aporta contexto que contribuya a que las audiencias comprendan, y cuestiona la práctica periodística de relacionarse con sus fuentes y obtener información bajo reserva”.

Además, advierten de las consecuencias que este reportaje ha generado en los periodistas aludidos, dentro de las que destacan “agresiones digitales, amenazas, hostigamiento, reproducción de información falsa y desinformación vinculada a las y los periodistas nombrados en el texto y, en especial, una ola de violencia en redes sociales en contra de Josefa Barraza, directora del medio El Ciudadano”.

“Este tipo de violencia constituyen graves vulneraciones a la libertad de prensa, que acarrean como consecuencia silenciar la investigación periodística y acallar la voz pública de profesionales de las comunicaciones“, recalcan.

Finalmente, las organizaciones firmantes señalan que “solicitaremos a la Fiscalía Nacional que investigue las amenazas que están recibiendo las y los periodistas mencionados en el texto. Además, solicitaremos medidas de protección para las y los periodistas de acuerdo a lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.