“Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, declaró Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.
“El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe da cuenta que el 2023 se llevaron a cabo un total de mil 153 ejecuciones, lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022. Esta es la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde 2015, cuando se conoció la ejecución de mil 634 personas.
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo el año pasado aumentó un 20%, elevando el total a 2 mil 428.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló que Irán acumuló el “74% de las ejecuciones registradas”.
El informe de Amnistía Internacional detalla que en Irán las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país. Fueron ejecutadas al menos 853 personas, lo que representa un aumento del 48% respecto de las 576 de 2022.
De las ejecuciones registradas en dicho país, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena de muerte, según el derecho internacional.
Además, Bustos sostuvo que “sigue el secretismo con el que actúan algunos Estados. Las cifras, por ejemplo, no incluyen los miles de personas que se cree que han sido ejecutadas en China”. No obstante, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile valoró los avances en torno a la abolición de la pena de muerte en algunos países.
En la actualidad, 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Se documentaron ejecuciones en 16 países, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional.
En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que disminuyó la preocupación de que se reanudara esta práctica.
“La discriminación y la arbitrariedad inherente que caracterizan el uso de la pena de muerte sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. La pequeña minoría de países que insisten en este uso debe evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas”, puntualizó Agnès Callamard.
Callamard además expuso que “la pena de muerte será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General de la ONU de este año” y Amnistía Internacional “insta a todos los gobiernos a que apoyen el llamamiento de la ONU para poner fin al uso de la pena de muerte en una demostración vital de compromiso con los derechos humanos”.
“Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, declaró Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.
“El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe da cuenta que el 2023 se llevaron a cabo un total de mil 153 ejecuciones, lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022. Esta es la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde 2015, cuando se conoció la ejecución de mil 634 personas.
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo el año pasado aumentó un 20%, elevando el total a 2 mil 428.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló que Irán acumuló el “74% de las ejecuciones registradas”.
El informe de Amnistía Internacional detalla que en Irán las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país. Fueron ejecutadas al menos 853 personas, lo que representa un aumento del 48% respecto de las 576 de 2022.
De las ejecuciones registradas en dicho país, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena de muerte, según el derecho internacional.
Además, Bustos sostuvo que “sigue el secretismo con el que actúan algunos Estados. Las cifras, por ejemplo, no incluyen los miles de personas que se cree que han sido ejecutadas en China”. No obstante, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile valoró los avances en torno a la abolición de la pena de muerte en algunos países.
En la actualidad, 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Se documentaron ejecuciones en 16 países, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional.
En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que disminuyó la preocupación de que se reanudara esta práctica.
“La discriminación y la arbitrariedad inherente que caracterizan el uso de la pena de muerte sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. La pequeña minoría de países que insisten en este uso debe evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas”, puntualizó Agnès Callamard.
Callamard además expuso que “la pena de muerte será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General de la ONU de este año” y Amnistía Internacional “insta a todos los gobiernos a que apoyen el llamamiento de la ONU para poner fin al uso de la pena de muerte en una demostración vital de compromiso con los derechos humanos”.
“Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, declaró Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.
“El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe da cuenta que el 2023 se llevaron a cabo un total de mil 153 ejecuciones, lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022. Esta es la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde 2015, cuando se conoció la ejecución de mil 634 personas.
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo el año pasado aumentó un 20%, elevando el total a 2 mil 428.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló que Irán acumuló el “74% de las ejecuciones registradas”.
El informe de Amnistía Internacional detalla que en Irán las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país. Fueron ejecutadas al menos 853 personas, lo que representa un aumento del 48% respecto de las 576 de 2022.
De las ejecuciones registradas en dicho país, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena de muerte, según el derecho internacional.
Además, Bustos sostuvo que “sigue el secretismo con el que actúan algunos Estados. Las cifras, por ejemplo, no incluyen los miles de personas que se cree que han sido ejecutadas en China”. No obstante, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile valoró los avances en torno a la abolición de la pena de muerte en algunos países.
En la actualidad, 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Se documentaron ejecuciones en 16 países, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional.
En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que disminuyó la preocupación de que se reanudara esta práctica.
“La discriminación y la arbitrariedad inherente que caracterizan el uso de la pena de muerte sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. La pequeña minoría de países que insisten en este uso debe evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas”, puntualizó Agnès Callamard.
Callamard además expuso que “la pena de muerte será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General de la ONU de este año” y Amnistía Internacional “insta a todos los gobiernos a que apoyen el llamamiento de la ONU para poner fin al uso de la pena de muerte en una demostración vital de compromiso con los derechos humanos”.
