Este viernes, al mediodía, comunidades Pehuenche y organizaciones medioambientales presentarán un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción contra la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por autorizar sin Consulta Indígena la intervención de especies protegidas por parte del proyecto hidroeléctrico Rucalhue.

Esto, de acuerdo al documento la resolución de la Conaf,  fue otorgado sin un proceso previo, libre e informado, como lo exige el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde la comunidad afectada esperan que el tribunal acredite la vulneración de derechos fundamentales de los pueblos indígenas y exija el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos para la protección de sus derechos.

Dungün Leü, de la agrupación Malen Leubü, cuyos integrantes habitan en el territorio en el que se instalaría la hidroeléctrica, sostuvo que “llevamos casi 30 años viviendo con represas y siendo víctimas del extractivismo. Necesitamos que el mundo sepa que las represas no son energías limpias, no queremos que sigan represando el río, no queremos más inundaciones”.

“Seguimos en lucha por una vida libre de intervenciones, donde podamos desarrollar nuestro mapuche mongen con dignidad y seguridad”, enfatizó.

En ese sentido, la directora de la ONG Defensa Ambiental, Nohad Escares, afirmó que “esta acción se interpone a favor de autoridades ancestrales pehuenche del territorio. CONAF, al dictar esta resolución, no consideró que existía la necesidad de realizar una Consulta Indígena, la que se debe aplicar al momento de tomar decisiones en asuntos ambientales, como lo es la intervención de una gran cantidad de especies en categoría de conservación vulnerable“.

Así, el integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Javier Arroyo, comentó que el proyecto de la central Rucalhue ha sido cuestionado por una serie de vulneraciones, “que van desde van desde la criminalización de jóvenes defensores, pasando por impactos ambientales al ecosistema, y llegando hasta la no consideración de los correctos procesos de consulta“.

“Se ha desconocido el rol de las comunidades pewenche del territorio, invisibilizándolas e incluso implicando la vulneración del Acuerdo entre el Estado chileno y las comunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2004 donde se comprometió a asegurar la no intervención de hidroeléctricas en territorio mapuche“, agregó.

El proyecto de la empresa Rucalhue Energía SPA ha tenido un avance controversial en la región del Biobío debido a los impactos ambientales y sociales, incluyendo la tala de flora en categoría de conservación y la inundación de 198 hectáreas de territorio, de las cuales la mayor parte corresponde al cauce del río Biobío y el río Quilme.