El financiamiento de la educación superior privada fue uno de los varios debates que se abrieron esta semana, luego de que se diera a conocer el millonario sueldo que recibía la candidata a edil de Las Condes y ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, por sus labores académicas y de investigación en la Universidad San Sebastián.

Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, afirmó que “lo que hemos conocido en los últimos días, en realidad, es un síntoma de una gran asimetría que existe en el sistema de educación superior chileno que, lamentablemente, se ha ido consolidando”.

En ese sentido, el representante del CUECH explicó que ese desequilibrio se debe a que en Chile las universidades del Estado están muy reguladas y contraladas bajo un entorno normativo “muy pesado”, mientras existe un subsistema privado que funciona con importantes recursos públicos, que está “muy desregulado todavía”.

“Hoy tenemos varios subsistemas en educación superior, pero básicamente tenemos un subsistema que está afecto a normas de naturaleza pública, de derecho público, como las universidades del Estado, que estamos sometidos al estatuto administrativo, a la Ley de Transparencia, a la supervisión de la Contraloría General de la República, a la Ley de Compras Públicas, a la Ley de Lobby, entre muchas otras. Y tenemos un sistema privado, donde hay instituciones tradicionales y no tradicionales, que están abstraídas de esos controles, de todos ellos“, aseveró.

Así, el rector de la Universidad de Valparaíso detalló que: “Hay un control que la Ley de Universidades impuso, que es el de la Superintendencia de Educación Superior, pero es una fiscalización más general, no es tan intensa como a las que están sometidas las universidades del Estado. Y que no incluye, algo que a mi me parece que deberíamos ir avanzando en particular, que es la Ley de Transparencia. Por ello, como Consorcio de Universidades del Estado hemos sostenido que donde haya fondos públicos, las regulaciones, las normas, tienen que ser también equivalentes“.

“Un ejemplo, es lo que supimos en el caso de la Universidad San Sebastián. Esta institución no sólo recibió una cantidad muy importante, casi 70 mil millones de pesos por concepto de CAE, sino que también la casa de estudios declara haber percibido 37 mil millones de pesos por concepto de becas fiscales. Es decir, de dinero público que proviene del Estado. Y ese monto es igual al que recibe la Universidad de Valparaíso por gratuidad. Entonces, ellos están percibiendo para financiar a estudiantes de pregrado una cantidad de dinero equivalente, al que recibe una universidad del Estado. Por ende, dada esa situación, lo que nosotros hemos dicho es que si ellos manejan esa cantidad de recursos públicos, debieran estar sometidos al menos a algunas normas de control y transparencia “, enfatizó.

Además, el rector Corrales hizo hincapié en que “las universidades, independientemente de su régimen jurídico, son instituciones educativas, por lo tanto, son instituciones que -y este es el argumento que han dado para pelear el financiamiento público- producen bienes públicos. Por ende, no son empresas en el sentido convencional del término”.

“En segundo lugar, la Ley de Educación Superior establece con mucha claridad cuál es el destino que debe tener los ingresos que perciben los planteles educativos independiente de su origen. ¿A que me refiero? No importa si vienen por aportes del Estado, por Créditos con Aval del Estado de las propias familias. Por lo tanto, las universidades, independiente de su régimen jurídico, no pueden destinar los ingresos que tienen a cualquier destino, entre otras cosas, no pueden lucrar. Entonces, hay una regulación que pesa sobre esas instituciones. En tercer lugar, es evidente que más allá que, las universidades tenemos una autonomía para fijar una escala de sueldo, eso no obsta a que esa escala de remuneraciones tenga que tener una cierta lógica, y en el caso de una universidad una cierta lógica académica”, destacó.

Respecto las consecuencias que podría tener este caso, el presidente del CUECH señaló que espera que esto “no quede en la anécdota, ni en la polémica pequeña“.

“Esperaría que las autoridades de Gobierno y el mundo político se haga cargo de este problema estructural y viese esto como una oportunidad para incorporar regulaciones que mejoren y doten de más transparencia al sistema, que es lo que el país también espera. Cuando un estudiante o una estudiante se matricula en una universidad, esa familia y ese estudiante deposita su confianza en esa institución de educación superior, apuesta parte de su futuro a que esa institución lo va ayudar a cumplir sus sueños, su vocación. Me parece que para que el sistema merezca la confianza de las familias y de las personas que cursan estudios en las distintas instituciones de educación superior es necesario que hayan mayores niveles de transparencia“, subrayó.

De esta forma, Osvaldo Corrales reiteró que: “Los niveles de transparencia son asimétricos, porque en las universidades del Estado hay muchas regulaciones y estamos sometidos a grandes niveles de transparencia activa y pasiva. Sin embargo, el sistema privado está totalmente abstraído y excluido. A mi me parece que eso es algo que hay que corregir. Por lo tanto, yo lo que le pediría a las autoridades y también a los parlamentarios y parlamentarias, que más allá de esta polémica puntual, puedan hacerse cargo del problema estructural que las universidades del Estado hemos venido haciendo notar hacía ya mucho tiempo”.

Cabe señalar que la Superintendencia de Educación Superior ofició el pasado martes a la Universidad San Sebastián para que “informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.

Esto, pues la Superintendencia “tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente por parte de todas las instituciones de educación superior del país y utilizará los instrumentos que la ley le confiere para ese fin”.