La Superintendencia de Educación Superior tomó la decisión debido a que la información entregada por la Universidad San Sebastián al organismo, “no permite esclarecer completamente las interrogantes” sobre las remuneraciones del personal académico.
El diputado pidió a la Fiscalía investigar un posible delito de cohecho, luego de que un reportaje del The Clinic revelara conversaciones del abogado y el expersecutor que dan cuenta de coordinaciones para encontrar salidas a causas judiciales.
La convocatoria se tomó la Av. Providencia y se desplazó con dirección a la Facultad de Derecho de la USS, donde impartía clases la exministra Cubillos. Transparencia y mejoras en la infraestructura, son las peticiones principales del alumnado.
Juan Santana (PS) dijo que “esta es una oportunidad para revisar la actual normativa que rige a las instituciones de educación superior”. Mientas, Andrés Giordano (FA) destacó que esta situación ha demostrado “que hay una crisis en la derecha”.
A través de una declaración pública, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, se refirió a la situación de Marcela Cubillos y la Universidad San Sebastián.
A la declaración de un grupo de académicas que criticaron el sueldo de 17 millones de la exministra, se sumó un requerimiento para indagar los contratos entre el Mineduc y la universidad privada. En paralelo, sigue avanzando la investigación penal.
Al final del año 1980, bajo la dictadura de Pinochet, siguiendo los dictados de los chicago boys, quienes eran sus mentores, se crea un provechoso mercado de privatización de las universidades, con una muy reducida regulación, con el argumento de que en el país debía existir una completa libertad de enseñanza superior, al contrario de lo sucede […]
Para las profesionales, la millonaria remuneración de la ex ministra de Educación “genera una sensación de injusticia, rabia y de sospecha”. Así, relevaron la importancia de que se “investigue a fondo las acusaciones vertidas en su contra”.
“Espero que todas las universidades de Chile puedan transparentar, ojalá por ley, sus salarios, la composición de sus cuerpos académicos. Eso lo hacemos las universidades públicas, debemos hacerlo por obligación y eso está bien”, afirmó la académica.
La cartera realizó transferencias por 977 millones a través de siete compras bajo un convenio marco. A eso, se suma un trato directo por 481 millones por un servicio de “instrumentos de evaluación para docentes de Educación Diferencial”.
En un comunicado interno, Hugo Lavados anunció eventuales acciones legales por declaraciones difamatorias en contra del plantel. Sobre el caso de la candidata de Las Condes, apuntó, en todo caso, que se revisarán los procedimientos de contratación.
La alcaldesa instó a dejar atrás la polémica por el sueldo de la exministra en la Universidad San Sebastián. En su lugar, pidió enfocarse en los problemas de fondo. “Chile lo que está pidiendo es más oportunidades, seguridad y mérito”, dijo.