La acción es por montos impagos a proveedores por $3 mil 710 millones y otros $7,5 millones en gastos ajenos a los fines de la corporación y que ayer fue admitida a trámite por el juez de garantía, Camilo Obrador.

De acuerdo con información publicada por El Mercurio, el requerimiento se basa en una auditoría solicitada por el parlamentario, concluida el 4 de octubre por Contraloría y que revisó las finanzas de la Cormuval en 2023.

La auditoría estableció que el déficit allí creció desde $98 mil millones en 2019 a $152 mil millones; que facturas pendientes a proveedores pasaron de $73 millones en 2016 a $1.910 millones en 2022, y advirtió que gastos por $7,5 millones durante diciembre pasado en cenas de fin de año y cajas de vino serían “ajenos a los fines” de la entidad.

El alcalde Sharp atribuyó la acción legal a motivaciones electorales de Celis. “Un mínimo de decencia le permitiría reconocer que la situación de la Corporación Municipal se debe a una pesada herencia de la que nos hicimos cargo”, dijo.