Una jueza del distrito en Washington concedió la petición del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, de pausar el juicio contra Donald Trump por su supuesto rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Entre tanto, los más de mil condenados por los disturbios esperan que Trump cumpla su promesa de indultarlos en el primer día de su mandato. Días después de que el magnate republicano logrará regresar a la Casa Blanca tras vencer a Kamala Harris, el fiscal especial Jack Smith había pedido formalmente a la jueza Tanya S. Chutkan del Tribunal Federal de Distrito de Washington una pausa de casi un mes en el juicio para deliberar con su equipo cómo proceder en el caso.

El equipo legal del Departamento de Justicia, liderado por Smith, explicó que el juicio experimentaba una “circunstancia sin precedentes“, al tener como acusado al presidente electo de Estados Unidos, próximo a ser certificado y a entrar en funciones el 20 del mismo mes.

Poco después, Chutkian aceptó la solicitud de la fiscalía e impuso como nueva fecha el 2 de diciembre para que el equipo del Departamento de Justicia pueda elaborar un “informe de situación o informar de otro modo al tribunal del resultado de sus deliberaciones”. Además, la decisión de Chutkian permite más tiempo al equipo legal de Trump para construir un reporte prejuicio, que estaba sujeto a ser presentado el 21 de noviembre.

En ese reporte, se espera que los abogados del magnate apelen a un ordenamiento publicado en el verano por la Suprema Corte estadounidense, que ampara a Trump con una suerte de inmunidad por los actos que haya realizado mientras era presidente.

Trump es acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Más de  mil 500 personas han recibido cargos de distinta índole por su participación en el asalto al Capitolio, entorpeciendo la certificación del entonces presidente electo, Joe Biden, y achacándole, sin fundamentos, fraude electoral en las elecciones de 2020.

Más de mil acusados se han declarado culpables o han sido condenados por la justicia en cargos como conspiración, allanamiento y agresión contra oficiales de Policía.

El pedido del fiscal especial encargado de este y otro caso en Florida contra el ahora presidente electo – relacionado con la posesión de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago – es parte de una nueva encrucijada que enfrenta el Departamento de Justicia en los juicios que lleva a cabo en contra del republicano, ya que, según una política impuesta en los 70, un presidente en funciones no puede ser objeto de persecución criminal.

Una de de las promesas trumpistas durante su larga campaña electoral fue indultar masivamente a todos aquellos juzgados, y condenados, por el ataque al Capitolio calificando a los agitadores que participaron en ese fatídico día de ser “héroes” y “rehenes” de un sistema de justicia que señala por ser “corrupto”.

Bajo la legislación estadounidense, es posible que el presidente activo empuñe el mecanismo de indulto judicial casi a discreción, sin necesidad de consultarlo con ninguna otra rama gubernamental.