Ha pasado una semana del estallido de ira de los vecinos de la localidad valenciana de Paiporta contra los presidentes del Gobierno español, el de la región de Valencia y los reyes, pero lejos de calmarse los ánimos, la indignación de la población con los políticos se mantiene viva.

Varios miles de personas se manifestaban en la tarde del sábado en Valencia y otras ciudades españolas contra la gestión del diluvio del 29 de octubre y sus catastróficas consecuencias, con más de 200 muertos, decenas de desaparecidos y numerosos pueblos arrasados. El lema “sólo el pueblo salva al pueblo” se ha popularizado en Valencia estos días, condensando el agradecimiento a los voluntarios y la acusación de abandono a los políticos. “La coordinación entre administraciones ha sido caótica”, lamentó el alcalde socialista de Alaquàs, uno de los pueblos más afectados, Toni Saura, en declaraciones publicadas en el diario Levante.

Bajo el lema “Mazón, dimisión”, las manifestaciones han exigido la renuncia de Carlos Mazón, presidente del Gobierno regional, del conservador Partido Popular, en la oposición en Madrid. A este abogado de 50 años se le reprocha haber subestimado la tormenta que se avecinaba, pese a que la agencia meteorológica (Aemet) estatal había decretado una alerta roja horas antes. Se le acusa también de haber estado desaparecido durante cinco horas críticas cuando ya empezaba a llover y el comité de emergencia convocado antes de las lluvias le esperaba. Pese a que existe la posibilidad de avisar por el celular a toda la población de que se ponga a resguardo, no se hizo, y la máxima responsable de emergencias de la región, Salomé Pradas, admitió el jueves que ignoraba que existiese esa posibilidad, aunque luego se desdijo. Cuando los teléfonos de los valencianos empezaron a emitir el pitido estridente de la alarma, muchos de ellos tenían ya el agua al cuello.

Aunque las competencias en la gestión de catástrofes corresponden en España a las administraciones regionales, el Gobierno central puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo. De ahí también las críticas al socialista Pedro Sánchez, del que se sugiere que se sentó a ver cómo naufragaba el Ejecutivo valenciano en manos del PP por cálculos políticos.

Fuentes del Gobierno en Madrid explicaron que no quieren rehuir responsabilidades, y que están interesados en que se esclarezca si la tragedia se podría haber evitado, o quiénes son los responsables, pero aseguran haber hecho todo lo posible dentro del actual marco de competencias.

Tras el diluvio, los pueblos afectados denunciaron día a día que no les llegaba la ayuda que necesitaban para limpiar las calles de barro, retirar escombros, apuntalar edificios, buscar desaparecidos o cualquiera de las tareas urgentes de aquel momento.