Este martes, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y Diputadas la Ley Miscelánea de Migración (Boletín N°16.072-06), iniciativa que tiene por objetivo endurecer y modificar la actual normativa en esta materia (Ley N° 21.325 ).
Tras su despacho al Senado, el Colectivo Sin Fronteras, organización Migrantas y la Coordinadora 8M de Santiago y Valparaíso, emitieron una declaración en la que afirman que con esta iniciativa se implementarían “medidas que no solo son regresivas respecto a derechos ya garantizados, sino que también ponen riesgo la integridad y la propia vida de las personas migrantes en el país, lo que dista del control de fronteras y de la seguridad del Estado”.
Así, las agrupaciones señalan que el proyecto de ley pone obstáculos para la regularización migratoria, dificultades para el acceso a la nacionalidad, barreras para el acceso a la salud, educación y vivienda para mujeres, niños, niñas y adolescentes, además de consignar la expulsión para infancias migrantes, entre otras medidas que atentan contra los derechos fundamentales.
Sobre el avance de la Ley Miscelánea en su tramitación legislativa, la directora de la organización Migrantas, Vanessa González, afirmó que “no nos sorprende porque ya vimos como toda la semana anterior, todos los discursos dirigidos y alineados justamente a que esto se aprobara, siendo que es un proyecto que fue introducido por el Ejecutivo. Ahora, nuestra reacción es, por supuesto, desfavorable pero no del proyecto completo, sino de ciertas medidas que ahora sí también fueron aprobadas, que son las que nos preocupan y nos alarman como organización, las que tienen que ver con retrocesos en materia de derechos humanos abiertamente”.
“Una de las medidas más graves sin duda tiene que ver con la desprotección de la niñez, el hecho de que justamente se permita que se expulsen a niños, niñas y adolescentes migrantes por la condición migratoria de sus familia, lo que es obviamente grave. Sentimos que lo que se hizo en este proyecto no avanzo en materia de protección de la niñez, sino que todo lo contrario, entonces, en vez de buscar otras soluciones para garantizar la unidad familiar, la protección de las niñeces y de las mujeres, acá se está haciendo todo lo contrario. Por otro lado, se mantuvo lo que tenía que ver con establecer una prioridad entre nacionales y migrantes en educación, que de esta manera lo decían, pero la verdad, es generar una mayor desigualdad en la inclusión de la comunidad migrante y sobre todo en los niños y niñas, justamente por motivos de condición migratoria ¿Qué pasa en un país que trata a la niñez de esa manera?”, subrayó.
En ese sentido, la directora de Migrantas señaló que “lo mismo pasa con salud, entonces nos preguntamos por qué después de todo ese proceso de empadronamiento se siguen estableciendo más pruebas burocráticas, que pueden desincentivar a las persona a asistir a algo tan importante como la salud, porque justamente se especifica que los datos de enrolamiento van también a la Policía de Investigaciones (PDI) y eso es motivo de dar orden de expulsión a quienes estén en situación de irregularidad”.
Respecto del debate de este proyecto de ley en el Senado, Vanessa González sostuvo que “nosotros como organizaciones vamos a seguir visibilizando que medidas contravienen las propias normativas de derechos humanos del país y tratados internacionales, y esperamos que los senadores y senadoras puedan ser mucho más receptivos respecto a estas medidas. Hay temáticas que además de ser inhumanas, también generan mucha más tensión social, todo lo contrario a lo que se quiere generar, entonces, esperamos enviar estas indicaciones y análisis a distintos parlamentarios y parlamentarios, y que puedan ser más receptivos y que tengan mayor sensibilidad al menos con la situación de los niños, niñas y mujeres“.
En la misma línea se pronunció también la integrante de la Coordinadora Feminista 8M, Valentina González, quien enfatizó que la población migrante que verá más afectada sus derechos serán justamente las mujeres.
“Como feministas sostenemos una voz clara de disenso ante este pacto antiderechos en el que las mujeres migrantes van a ser como siempre las más impactadas. Queremos decirle al país que estas medidas legislativas no otorgan más seguridad a la sociedad. Imponer por la ley informalidad laboral, el campamento o la calle como única alternativa habitacional y la desescolarización de un sector de la población, solo contribuye a una sociedad más inhumana y segura”, destacó.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri lamentó la aprobación de la indicación que prioriza a jóvenes nacionales por sobre extranjeros en el acceso a la educación, y solicitó al Senado eliminarla de la ley.
“Esto vulnera nuestra legislación vigente y vulnera, también, los tratados internacionales que Chile ha suscrito, y nos parece gravísimo. Sabemos que, quizás, lo que estoy diciendo no conecta con el sentido común más popular que se ha instalado, pero tenemos el deber ético de atenernos a nuestro marco jurídico y a los convenios internacionales que hemos suscrito. Y, en ese sentido, discriminar a los niños, niñas y adolescentes nos parece un retroceso importante”, aseguró Gazmuri.
Asimismo, agregó que dado que Chile y el mundo enfrentan una crisis migratoria importante que plantea grandes desafíos, la aprobación en general del proyecto va en la línea correcta.
“Nadie puede desconocer la importancia, por ejemplo, hoy día, de fortalecer las atribuciones, de poder de alguna manera controlar mejor nuestra frontera, regular de mejor manera la ciudadanía, también, poder expulsar a aquellos migrantes acusados de violencia intrafamiliar o de otros delitos graves, como homicidio calificado, como porte de arma, como explotación sexual”, dijo.
Cabe señalar que la semana pasada más de un centenar de organizaciones migrantes entregaron una carta al Congreso Nacional en la que ya rechazaban el avance de esta propuesta en la Cámara Baja, pues, a su juicio, la iniciativa trae una serie de cambios que vulneran los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados en Chile, además de impedir la inclusión de las personas migrantes en el país, negándoles el reconocimiento como parte de la sociedad chilena.
