Debido a las múltiples filtraciones en los casos Audios, Monsalve, Convenios, la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric y otros, el fiscal nacional Ángel Valencia envió un oficio al ministro de Justicia, Jaime Gajardo. En el documento, indica diversas medidas adoptadas para asegurar el resguardo de la información en el ámbito de las investigaciones penales y evitar el acceso indebido a a los sistemas informáticos del Ministerio Público.

Radio Bío Bío difundió el oficio N° 1173/2024 del fiscal nacional, con fecha de ayer, en el que detalla una instrucción general adoptada por Valencia en otros oficios, Nº 983/2024, del 16 de octubre pasado, que establece criterios para el manejo de información en investigaciones complejas, regulando aspectos como el otorgamiento de copias, solicitud de diligencias y registro de información personal de interés investigativo.

La instrucción general contempla que las solicitudes de acceso a la carpeta investigativa deberán ser justificadas y enviadas al correo institucional. Además, la vista de la carpeta se programará en un día y horario definido, previa evaluación.

Asimismo, Valencia enfatizó que la Fiscalía debe garantizar que al compartir información con intervinientes o terceros autorizados, no se vulneren derechos fundamentales, como las garantías de las víctimas y el derecho a la defensa.

“El caso Monsalve y otras situaciones recientes han servido de ejemplo para reforzar los controles internos”, afirmó Valencia.

Sobre posibles filtraciones o accesos indebidos a los sistemas informáticos, Valencia indicó que se han iniciado investigaciones penales y administrativas para determinar responsabilidades. “Se han nombrado fiscales regionales a cargo de estas causas”, aseguró.

En cuanto a las medidas tecnológicas, el Ministerio Público implementó sistemas de trazabilidad para archivos relacionados con investigaciones penales. Según Valencia, “estas herramientas permiten controlar quién accede, modifica o copia contenido sensible”.

Adicionalmente, desde el segundo semestre de 2024, se habilitó un software de protección de datos en todas las estaciones de trabajo del Ministerio Público. Este sistema, conocido como DLP -por sus siglas en ingles: Data Loss Prevention-, permite registrar el uso de archivos sensibles en los computadores institucionales.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público sugirió reforzar penalmente el carácter secreto de las actuaciones investigativas y establecer criterios claros para diferenciar qué información puede ser compartida sin comprometer la integridad de las pesquisas.

De acuerdo con el oficio, estas medidas buscan equilibrar el derecho a la defensa con la confidencialidad necesaria para proteger a víctimas y testigos.