Rechazo provocó la denuncia formal del gobierno de Milei ante lo que calificó como un “ataque ilegal, planificado y dirigido”, luego de la difusión de audios que destaparían una presunta red de corrupción en la administración del libertario.
La parlamentaria sostuvo que «queda muy claro que estas filtraciones responden a medidas desesperadas para conseguir, mediante los medios de comunicación, lo que no están logrando acreditar en la justicia».
La subsecretaria General de Gobierno se refirió al proyecto que busca sancionar a quienes informen de investigaciones penales reservadas. «Es extremadamente importante ser cuidadosos cuando se trata del rol de la prensa», aseveró.
La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, y busca imponer penas de cárcel a quienes difundan información sobre las causas penales en reserva.
El Gobierno evitó pronunciarse en profundidad sobre el hecho y reiteraron que la medida intrusiva del «pinchazo» requiere «una justificación específica en el marco de una investigación». Diputados oficialistas criticaron la nueva filtración.
El experto en Derecho Procesal señaló que cualquier abogado defensor pediría esclarecer los motivos de la medida intrusiva. Por otro lado, cuestionó la incapacidad de la Fiscalía de evitar las filtraciones a la prensa sobre investigaciones .
El jefe del Ministerio Público anunció medidas para proteger los antecedentes de los investigaciones, entre ellas, la instalación de una plataforma central con servicios de ciberseguridad avanzados para resguardar la confidencialidad de las causas.
Desde el Ejecutivo alertan que las conversaciones del Mandatario requieren «un estándar de protección más alto». El diputado Juan Santana (PS) advirtió que pedirán la remoción del fiscal Cooper si no hay una respuesta clara por esta acción.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con «el debido proceso y la protección de la reserva de las investigaciones, elementos esenciales para el correcto desarrollo de las diligencias y la garantía de los derechos de las partes involucradas».
El abogado aseguró que la Fiscalía tiene los antecedentes que apuntan a la magistrada desde se incautó el teléfono de Luis Hermosilla, por lo que cuestionó que no se haya actuado antes. Sobre el uso de influencias dijo que “hay más Hermosillas”.
Las medidas buscan equilibrar el derecho a la defensa con la confidencialidad necesaria para proteger a víctimas y testigos. Las solicitudes de acceso a la carpeta investigativa deberán ser justificadas y enviadas al correo institucional.
Tras el listado que dio a conocer el abogado Juan Pablo Hermosilla, el presidente del gremio de persecutores explicó que las conversaciones entre los intervinientes de las causas son habituales y rechazó las filtraciones a la prensa.
El parlamentario se refirió a las medidas anunciadas por la empresa tras las acciones y fiscalización del MOP, señalando que “necesitamos contar con una nueva ley que eleve estándares de seguridad y de protección a los usuarios”.
El mandatario afirmó que será la gente la que tendrá que evaluar las contradicciones del diputado Miguel Mellado. En tanto, la Comisión de Ética de la Cámara sesionará el próximo martes para ver el caso.
El hecho, que según el Gobierno es constitutivo de delito, había sido criticado por el parlamentario durante la tarde, antes de reconocer que fue él mismo quien lo llevó a cabo.
Parlamentarios del sector criticaron al mandatario por su vinculación con Minera Dominga propiedad de uno de sus amigos, el empresario Carlos Alberto Délano y que fue aprobada en una sesión extraordinaria de la comisión ambiental de la Región de Coquimbo hace poco más de un mes.
La medida fue ingresada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara Alta, en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia. Persecutores arriesgan hasta 541 días de presidio.
