Las parlamentarias Catalina del Real y Carla Morales, enviaron un oficio a las autoridades para solicitar los avances de la implementación de la Ley de Inclusión en las reparticiones públicas. Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad hicieron un llamado a cumplir con los compromisos.

La denuncia de la concejala de Osorno, Natali Guissen, desató una fuerte controversia en torno a la accesibilidad en edificios públicos. Guissen, quien se moviliza en silla de ruedas debido a una atrofia muscular espinal progresiva, señaló que no puede utilizar su oficina municipal porque el edificio consistorial no cuenta con infraestructura adecuada, incumpliendo la Ley 20.422 sobre accesibilidad universal.

Desde la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, las congresistas Catalina del Real y Carla Morales enviaron un oficio a las municipalidades del país, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Contraloría para que se informe e investigue respecto a si se cumplen con la normativa vigente.

Diputadas Catalina del Real y Carla Morales.

Bajo ese contexto, la Del Real expresó su indignación ante esta situación: “Es inaceptable que en pleno 2024 aún enfrentemos estos problemas. La falta de accesos adecuados no solo vulnera los derechos de las personas con discapacidad, sino que también limita su capacidad de cumplir con sus funciones y contribuir plenamente a la sociedad”.

Por su parte, la parlamentaria Morales enfatizó la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente: “No podemos seguir permitiendo que instituciones públicas ignoren las leyes que garantizan accesibilidad. Es imperativo que todos los edificios públicos sean adaptados de acuerdo a los estándares establecidos en 2018. Esta situación refleja una falta de compromiso que debe corregirse de inmediato”.

Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena de la Discapacidad (FCHD), respaldó las críticas de las diputadas y advirtió sobre la gravedad del problema: “No existe accesibilidad en la mayoría de los edificios públicos, y este problema se va a repetir en otros lugares si no se toman medidas urgentes. Esto demuestra una carencia estructural que afecta la vida de miles de personas con movilidad reducida”.

La concejala Guissen también expuso que esta falta de accesibilidad no sólo obstaculiza su desempeño como autoridad, sino que vulnera un derecho fundamental. Las rampas inadecuadas, la ausencia de ascensores funcionales y la falta de plataformas accesibles son problemas que reflejan el incumplimiento de una normativa que lleva seis años en vigencia