Nuevas acciones de fiscalización impulsó la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio en medio de los cuestionamientos relacionados con la actuación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Los parlamentarios ingresaron cuatro oficios destinados a esclarecer el funcionamiento de una instancia encargada del seguimiento de proyectos de inversión y determinar eventuales conflictos de interés del secretario de Estado.

Los requerimientos fueron dirigidos a la Contraloría General de la República, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Ministerio de Hacienda. La ofensiva fiscalizadora se suma a la presentación de una Comisión Especial Investigadora por eventuales conflictos de interés del ministro.

La iniciativa fue promovida por los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa, junto a la diputada Constanza Schonhaut, luego de antecedentes difundidos por CIPER respecto de un sistema implementado desde Hacienda para realizar seguimiento y acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión.

Achurra explicó que “a propósito del potencial conflicto de interés y falta de probidad del ministro Quiroz, que nos ha hecho presentar una comisión especial investigadora, también hemos presentado un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del comité de proyectos en el SEIA”.

Los cuestionamientos se concentran en el denominado Comité de Proyectos en el SEIA, integrado por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, y cuya coordinación recae en el Ministerio de Hacienda. “Este es un organismo que creó el ministro Quiroz desde el Ministerio de Hacienda sin ninguna base legal, no tiene actas públicas y ha tenido como objeto apurar proyectos para su aprobación, proyectos que han beneficiado directamente a familiares del ministro Quiroz”, agregó el parlamentario.

Según los antecedentes expuestos por la bancada, la instancia no habría sido establecida mediante una ley, no tendría competencias ambientales y tampoco dispondría de actas públicas de sus sesiones, informes o criterios formalizados para establecer qué iniciativas son priorizadas. Los diputados sostienen, además, que el comité habría dado recientemente luz verde a dos proyectos que estarían vinculados al ministro de Hacienda, pese a la existencia de reparos técnicos planteados por Sernageomin.

En ese escenario, Achurra indicó que buscan “que la Contraloría se pronuncie respecto al potencial deber de abstención que debió tener el ministro Quiroz y además sobre su declaración de patrimonios e intereses”.

Entre la información solicitada se encuentra el instrumento formal mediante el cual habría sido creado el comité, así como la nómina completa de los proyectos analizados y priorizados desde el 11 de marzo. También se requirieron los criterios empleados para seleccionar esas iniciativas, las actas y comunicaciones de las sesiones y eventuales instrucciones entregadas a servicios con competencias sectoriales. A ello se agregan solicitudes para conocer las resoluciones de calificación ambiental involucradas, las actas correspondientes y los fundamentos técnicos y jurídicos utilizados para no incorporar el pronunciamiento de Sernageomin en las decisiones cuestionadas.

En particular, ante la Contraloría los parlamentarios solicitaron que se determine la legalidad de la creación y funcionamiento del comité y que se revise si correspondía que Quiroz se abstuviera de intervenir en determinadas materias debido a un eventual conflicto de interés.

Finalmente, la bancada pidió examinar la veracidad, integridad y oportunidad de la Declaración de Intereses y Patrimonio del ministro. Según los antecedentes expuestos por los diputados, el documento habría presentado omisiones y posteriormente fue rectificado el 10 de julio de 2026.