El 1 de octubre de 2024, a casi cinco años del estallido social, medios de comunicación, víctimas, familiares y organizaciones se reunieron en el Centro de Justicia de Santiago a la espera de una señal de justicia y reparación. La atención estaba puesta en la formalización de los altos mandos de Carabineros por su presunta responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante la represión policial de octubre de 2019.
Ese día, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago comunicó que se iniciaría una investigación contra tres personas que ejercieron el alto mando de la policía durante el estallido social. En el periodo en que estuvieron a cargo, dos personas murieron a manos de agentes policiales y miles sufrieron lesiones graves, entre ellas, traumas oculares irreversibles.
El trabajo de Amnistía Internacional, plasmado en el informe ‘Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social’ en octubre de 2020, aportó antecedentes que fueron utilizados en la investigación judicial. Gracias a la inmediatez con que la organización llegó a investigar al país y a la ingente cantidad de información analizada, pudo apuntar con nombres y apellidos a los posibles responsables.
“En la mayoría de los casos investigamos y documentamos las violaciones a los derechos humanos, responsabilizamos al Estado en su conjunto y pedimos que se hagan indagaciones, pero teníamos tanta evidencia para poder señalar a los responsables que entonces decidimos hacerlo”, explica Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en ese tiempo y actual directora senior de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas.
La investigación penal a los altos mandos es un antecedente valioso para Chile y otros países de la región en la búsqueda de justicia. “Esta investigación nos demostró que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes”, expresó Ana Piquer, actual directora para las Américas de Amnistía Internacional, en ese tiempo directora de Amnistía Internacional Chile.
Su relevancia radica, por un lado, en el cuestionamiento de la impunidad de ciertas estructuras de poder al examinar a quienes asumían responsabilidades de dirección y control y, por otro lado, envía una señal a las instituciones policiales de que incumplir sus deberes tiene consecuencias. Por último, es una muestra de justicia hacía las víctimas y familiares y contribuye al derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición.
La investigación judicial se ha extendido por más de dos años. La causa reúne 229 hechos y 228 víctimas y busca determinar no sólo qué ocurrió en cada caso, sino también qué sabían los entonces máximos responsables de Carabineros, qué atribuciones tenían y si adoptaron medidas para impedir o detener las vulneraciones.
A pocos días del cierre de la investigación, medios de comunicación informaron el cese de la fiscal Ximena Chong del equipo investigador. Chong junto al fiscal regional Xavier Armendáriz, son quienes habían liderado esta causa, que ahora quedará en nuevas manos. Mientras algunos ven esto con normalidad, la abogada querellante y especialista en derechos humanos, Karinna Fernández, aseguró que “la debida diligencia exige continuidad, transparencia y diálogo con las víctimas y nada de eso ha existido”.
Recordar para resistir el olvido
El viernes 18 de octubre los ojos del mundo se posaron sobre Chile. La rabia y la indignación por la desigualdad social rebasó cuando el gobierno decidió aumentar 30 pesos el precio del pasaje del transporte. Fueron los más jóvenes, quienes salieron sin miedo a alzar la voz realizando evasiones masivas en las estaciones del metro. Pronto, esa indignación, se convirtió en la mecha que contagió a todo un país.
Durante ese día se registraron cortes en el metro y la suspensión de algunas líneas, lo que provocó enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública, estudiantes y usuarios del servicio de transporte. Muchas personas caminaron durante horas para llegar a sus hogares. Mientras, en distintos puntos de Santiago, las movilizaciones continuaban, la rabia seguía aumentando y, finalmente, explotó al llegar la noche.
Varias estaciones de Metro en Santiago fueron dañadas gravemente. A las protestas y barricadas contra el aumento tarifario se sumaron incendios y saqueos a establecimientos comerciales en diversos puntos del país. Todo acompañado por una fuerte represión de la protesta en las calles.
Nadie entendía qué estaba ocurriendo, había incertidumbre y confusión, la ciudad ardía y no sólo de rabia. Después de una jornada caótica, hacia la medianoche, el presidente de ese entonces, Sebastián Piñera, anunció el Estado de Emergencia en Santiago y otras comunas. Significaba la salida del ejército a las calles además de la restricción de derechos y libertades como la libre circulación y reunión.
Nadie se esperaba que en este ‘oasis’ latinoamericano, como lo había llamado el propio presidente Piñera, ocurriera algo así. Menos aún, que las Fuerzas Armadas volvieran a desplegarse para controlar el orden público en una crisis social, una imagen que evocaba inevitablemente a los años de la dictadura. Millones de chilenos y chilenas se acostaron esa noche conmocionados mientras los helicópteros sobrevolaban la ciudad. Ahora Chile estaba en el ojo del huracán.
Después del primer día, organismos de derechos humanos levantaron la voz de alarma. “Observamos que no era una protesta ‘normal’, era algo mucho más complejo. Hubo hechos de violencia muy graves que se debían investigar y sancionar. Nadie defiende quemar el metro. No se trata de eso. Pero lo que no se debe olvidar es que una enorme mayoría de personas salió a la calle a protestar pacífica y espontáneamente”, explica Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile en ese momento. La organización hizo un llamado al presidente y al gobierno para que garantizara la seguridad de la ciudadanía, especialmente de estudiantes y manifestantes.
“El Estado en vez de abrir los ojos y escucharles, lo que hizo fue arrinconar a las personas”, comenta Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en aquella época, recordando aquel momento.
El registro de la violencia estatal
En la televisión y las redes sociales aparecían personas marchando en las calles, pero también siendo golpeadas, disparadas por la espalda e incluso atropelladas por agentes estatales. Personas ensangrentadas, con marcas de múltiples impactos en distintas partes del cuerpo y siendo atendidas de forma precaria en plena calle por grupos organizados de atención médica.
“Lo impresionante era ver cómo día tras día se cometían estas violaciones horribles, a vista de todos y sin indicio de cese”, dice Pilar Sanmartín, investigadora de crisis de Amnistía Internacional, quien visitó Chile para documentar los hechos en esa época. Medios de comunicación y personas anónimas grababan entre gases lacrimógenos, disparos y gritos. Todo, antes de las cinco de la tarde, cuando comenzaba el toque de queda y la ciudadanía debía abandonar las calles, pero no la movilización. A ritmo de cacerolazo, miles de personas se asomaban desde sus hogares a hacer sonar su indignación.
Al cuarto día, debido a la acción de militares y carabineros, 13 personas habían perdido la vida, más de 80 estaban heridas por armas de fuego y las detenidas superaban el millar, incluidas menores de edad. Las denuncias incluían torturas y malos tratos, también desnudamiento de mujeres, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). A esa altura, 29 personas sufrían daño severo en al menos uno de sus ojos a causa del uso de balines de goma de Carabineros de Chile, según la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador.
Entonces la ciudadanía dijo basta y salió de forma masiva a marchar. El 25 de octubre de 2019 la Alameda reunió a más de un millón de personas: estudiantes, trabajadoras, cesantes, de diferentes creencias. Se encontraron con una sola voz, pidiendo salud de calidad, pensiones dignas, mejor educación e igualdad. Exigían ser escuchadas, exigían dignidad. Se sentía la alegría, a pesar del caos y la violencia vividas. Al fin, Chile había despertado.
“Había una unidad generalizada en el pueblo chileno de que lo que estaba haciendo el gobierno estaba mal”, recuerda Guevara Rosas, directora para las Américas. En ese momento y ante las elevadas cifras de personas detenidas y violentadas, Amnistía Internacional decidió enviar una misión de investigación al país.
Documentar para denunciar
“Lo fundamental era documentar, tener la mayor información posible, demostrar que se estaban cometiendo graves violaciones y denunciarlo para frenarlo”, explica Sanmartín. “Nuestras principales preocupaciones fueron en torno al daño ocular y el uso excesivo de la fuerza”.
La misión de investigación de Amnistía Internacional estuvo en Chile durante dos semanas en octubre y noviembre de 2019, tiempo en el cual visitó seis regiones, asistió a manifestaciones, tuvo reuniones con múltiples instituciones y autoridades, además de organizaciones de la sociedad civil y entrevistas con víctimas y sus familiares. Los encargados de esta tarea titánica fueron Pilar Sanmartín y César Marín, el entonces encargado senior de Campañas de Crisis, siempre apoyados por el equipo local en Chile.
El tiempo corría y seguían llegando denuncias. La organización habilitó canales para la recepción de evidencias de posibles violaciones de derechos humanos. Por un lado, miles de videos y fotografías inundaban cada día el número de whatsapp. Por otro lado, la bandeja de entrada del correo electrónico estaba a punto de colapsar. Especialistas iban a contrarreloj revisando y filtrando los materiales. Un trabajo colosal y de gran dureza por la violencia de su contenido.
Amnistía Internacional contrastó y verificó más de 200 piezas audiovisuales y fotográficas junto a un experto en armas y municiones y el Cuerpo de Verificación Digital (DVC) de la organización. “Se analizaba no solo el tema de escopetas y balines, sino también los golpes con bastones, puñetazos, todo lo que era violencia física de Carabineros”, especificó Sanmartín, investigadora a cargo.
El material videográfico permitió no sólo demostrar que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales en la represión de las protestas, sino que, dada su precisión –se identificaron ubicaciones exactas, número e identidad de oficiales, tipos de armas y cómo se usaron– posibilitó el análisis de la responsabilidad de los altos mandos y no sólo de quien apretó el gatillo.
Los ojos de la revuelta
A diez días del inicio de las protestas, más de noventa personas habían sufrido trauma ocular severo. El Colegio Médico alertó al Congreso y al gobierno sobre la gravedad de la situación. “No pueden decir que no sabían, porque lo dijimos en reiteradas ocasiones”, recuerda Piquer, entonces directora de Amnistía Internacional Chile, sobre el encuentro con la institución.
Ante la gravedad de las lesiones, la Unidad de Trauma Ocular (UTO), principal centro público especializado en este tipo de casos, comenzó a alertar sobre las características de los proyectiles extraídos de los cuerpos. Las imágenes obtenidas mediante tomografías mostraban objetos cuya densidad no parecía corresponder a goma, lo que llevó a la UTO a solicitar un análisis para determinar su composición.
Mientras tanto, funcionarios de Carabineros continuaron disparando de manera indiscriminada. Sólo en octubre, se contabilizaron más de 104 mil cartuchos detonados. A mediados de noviembre, un informe realizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, a solicitud de la UTO, estableció que los proyectiles analizados contenían sólo un 20% de caucho; el 80% restante correspondía a minerales y metales de alta dureza.
Al respecto, la directora del Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC) de la Universidad de Chile, Viviana Meruane, indicó en su día que “al ser más duros que la goma, provocan más daño y penetran en el cuerpo”. Es decir, mientras un balín de goma debería rebotar y dejar un hematoma, los que ocupaba la policía penetraban aumentando el daño.
El 10 de noviembre, el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que el uso de las escopetas antidisturbios sería acotado a situaciones de peligro real para funcionarios o civiles. Nueve días después, la institución suspendió el uso de los perdigones en las manifestaciones, luego de que nuevos análisis confirmaran que su composición no correspondía a la informada por el proveedor.
Posteriormente, la confirmación de la ceguera de un manifestante a causa del impacto de perdigones, el primero en perder la visión de sus dos ojos, causó “una especie de shock social”, explica Sanmartín. Se trataba de Gustavo Gatica, estudiante de psicología de 21 años. Fue una de las más de 400 víctimas con trauma ocular que dejó la revuelta.
“Se entiende que el primer día la estrategia puede fallar, que el segundo día se hacen ajustes, que el tercer día debería verse cierta mejora, ¿no? Digamos que la estrategia de seguridad se va adaptando. En Chile no fue así, había conocimiento de lo que estaba pasando, pero no había voluntad de que las cosas cambiaran”, confirma Sanmartín, como una de las principales conclusiones de la investigación.
Chile registró una magnitud de trauma ocular sin precedentes en su historia y excepcional a nivel internacional. Hoy, siete años después de los hechos, los casos de trauma ocular ascienden a 428, de los cuales sólo un 3% ha obtenido justicia, según cifras entregadas en agosto de 2026 por la Fiscalía. Ante la impunidad, algunas víctimas se han quitado la vida y otras siguen adelante con un apoyo mínimo por parte del Estado y sin avances en una reparación integral.
La investigación que incomodó al poder
Después de semanas álgidas de movilización llegaba el momento de las definiciones. Amnistía Internacional, tras su trabajo en terreno, citaba a una conferencia de prensa para dar a conocer las principales conclusiones de su investigación.
El 21 de noviembre de 2019, la oficina de Amnistía Internacional en Chile estaba repleta. Una sala atestada de medios nacionales e internacionales esperaban con ansias los hallazgos de la investigación. Las encargadas fueron Erika Guevara, directora para las Américas; Pilar Sanmartín, investigadora para las Américas y Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Con determinación confirmaron que en Chile, las fuerzas de seguridad –principalmente el Ejército y Carabineros– bajo el mando del entonces presidente Sebastián Piñera, cometieron ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifestaba.
El Estado tiene como deber y responsabilidad garantizar el derecho a la protesta pacífica y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, Amnistía Internacional pudo corroborar que en general la mayoría de las víctimas no estaban implicadas en actos de violencia. “Fue una absoluta señal de incapacidad del Estado de no poder aislar los hechos violentos de las manifestaciones legítimas que estaban ocurriendo”, afirma Marín.
“Fue la primera vez, después de la dictadura, en que nos encontrábamos frente a una crisis de derechos humanos de tal magnitud, sobre todo en un país que pensábamos había dejado atrás ese tipo de violencia de Estado”, rememora Guevara Rosas. La reacción del gobierno y de las instituciones mencionadas no se hicieron esperar.
El Gobierno rechazó “categóricamente” el informe de Amnistía Internacional a través de la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de esa época, Lorena Recabarren, criticando que la organización no había solicitado información al gobierno –pese que sí lo había hecho, sin obtener respuesta. Y fue calificado como “absolutamente falso” por el ministro de Defensa de aquel tiempo, Alberto Espina. Por su parte, Gonzalo Blumel, exministro del Interior, dijo no haber recibido solicitud alguna de información o reunión y abrió las puertas a encontrarse con la organización.
Oportunidad que fue aprovechada. En la reunión con Blumel sucedió algo inesperado. El gobierno entregó a Amnistía Internacional un USB con mucha información, que señalaron habían entregado en los mismos términos a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese material terminaría siendo clave para el informe ‘Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social’ que se publicaría en octubre de 2020.
“Ese USB fue un golpe de suerte”, comenta Sanmartín rememorando aquel día. “Cuando lo abrimos descubrimos documentos que demuestran que había, no solo una flagrante negligencia, sino que iba un poquito más allá. Pero, además, lo increíble también era lo que no había, como por ejemplo algunos silencios en la comunicación entre el Ministerio y Carabineros”.
El dispositivo contenía las comunicaciones de carabineros de cada día, indicaciones de los mandos a la tropa, las quejas en el órgano interno de la institución, cómo se habían procesado, las comunicaciones entre Andrés Chadwick– quien fuera ministro del Interior y Seguridad Pública en esos días– , y la policía. Gracias a esta documentación, Amnistía Internacional confirmó que hubo órdenes de ataques.
“Esta información nos permitió no solo denunciar la violación de derechos humanos y señalar la responsabilidad del Estado, sino que cumplíamos con el umbral de evidencia que requiere Amnistía Internacional para “naming names”, es decir, para identificar públicamente a personas concretas como responsables de los hechos”, agrega Sanmartín.
La organización, en materia de investigación, no suele identificar públicamente a personas como responsables de violaciones de derechos humanos cuando no existe evidencia suficiente para atribuirles esa responsabilidad, o cuando hacerlo puede poner en riesgo a víctimas, testigos o fuentes.
Sin embargo, la evidencia recopilada por la organización fue tanta, que permitió señalar con nombres y apellidos a los posibles responsables. En este caso: al General Director, Mario Rozas, al General Subdirector, Diego Olate y al Director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez.
El informe, más allá de la memoria
A las denuncias realizadas por Amnistía Internacional se sumaron las de la organización internacional Human Rights Watch, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones nacionales. Las conclusiones de estas investigaciones internacionales coincidieron en documentar graves violaciones de derechos humanos durante la respuesta estatal a las protestas.
Hacia finales de año, las marchas habían descendido notablemente. El huracán había pasado y se abría un espacio para la reflexión y el análisis. La mirada estaba puesta en marzo: la vuelta a las clases, a la rutina, el inicio de año. ¿Sería también el regreso a las calles? Para esa fecha la pandemia del COVID irrumpió sin avisar y detuvo todo, congeló la rabia y la dejó a la espera. Fue durante ese tiempo que Amnistía Internacional se encerró a trabajar, analizar y poner en orden toda la información recopilada.
En mitad de la pandemia, en junio de 2020, y tras meses leyendo y revisando los materiales de la investigación, el equipo advierte algo relevante: las piezas videográficas muestran con claridad y en reiteradas ocasiones a un uniformado haciendo un uso inadecuado de su escopeta, disparando indiscriminadamente por encima del torso a manifestantes que no suponían un riesgo y sin tomar la distancia suficiente. Ese uniformado aparecía identificado en las imágenes con el código G3.
La organización, además, tuvo acceso a la carpeta investigativa de la Fiscalía Nacional en el caso de Gustavo Gatica, donde se ubicaba a G3 en el lugar de los hechos. La investigación interna que abrió la policía no sólo no interrogó a esta persona, sino que concluyó que era imposible identificar al autor del disparo, incluso llegando a proponer que Gustavo podría haber sido herido por las personas que se manifestaban.
Semanas después, se realizó la formalización del carabinero Claudio Crespo – identificado como G3– por disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica. Sin embargo, fue recién en enero de este año, tras una larga espera, que el Tribunal de Justicia concluyó que Claudio Crespo fue el autor del disparó que lo cegó y, sin embargo, fue absuelto por ese delito gracias, en parte, a la posterior aprobación de la denominada Ley Naín Retamal (Ley N.º 21.560, abril de 2023).
Finalmente, el informe de Amnistía Internacional vio la luz en octubre de 2020, a un año de los hechos. “Sabíamos que iba a tener un uso más allá de su valor informativo y de memoria; tiene un análisis más jurídico y más técnico”, explica Loreto Urqueta, asesora jurídica que fue fundamental en el trabajo con las víctimas y sus familiares, cuyos relatos fueron clave para el esclarecimiento de lo ocurrido.
El informe fue utilizado como antecedente en procesos judiciales y comisiones investigativas sobre violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. Sus hallazgos también trascendieron las fronteras y contribuyeron a visibilizar internacionalmente las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en contextos de manifestación.
Aunque la investigación contra los altos mandos de Carabineros supone un avance en la búsqueda de justicia, en paralelo se han impulsado leyes que amplían la protección de las policías, incluso frente a un uso inadecuado de protocolos y armamento. Es el caso de la conocida Ley Naín-Retamal, que incorpora disposiciones sobre legítima defensa y que, según sus críticos, ha dejado a víctimas del estallido social en una situación de mayor desprotección y ha establecido un precedente preocupante para futuras protestas.
A siete años, el contexto es muy diferente, en Chile y el mundo el sistema internacional de los derechos humanos pareciera desvanecerse. Mientras algunos gobiernos claman por orden y seguridad invocando leyes autoritarias y discriminatorias basadas en el miedo, otra parte del mundo sigue confiando en la fuerza de la indignación, la protesta social y el trabajo colectivo como motor de movilización y cambio. Frente a la violencia y la impunidad, reconstruir los hechos es una forma de impedir que el silencio y el negacionismo tengan la última palabra. FIN.
