La Fundación Chile Ciudadano continúa realizando acciones legales a favor de algunos de los clientes de La Polar de los más de 420 mil afectados por repactaciones unilaterales de sus créditos.

Este jueves sus representantes acompañaron a  23 personas perjudicadas por este tipo de prácticas irregulares para presentar una querella criminal que amplía las acciones legales presentadas anteriormente por los delitos de estafa y usura, quedando un total de 36 querellas por parte de esta organización hasta el momento.

El abogado Jairo Casanova, explicó los alcances de esta presentación en contra de todos los que resulten responsables de ilícitos que, según dijo, no son aislados.

“Las prácticas de la empresa La Polar con sus usuarios de contrato de cuenta corriente, era una práctica que se prolongó durante hace mucho tiempo, donde ellos hacían repactaciones unilaterales en diferentes oficinas, lo que nos permitió darnos cuenta que se trata de un grupo organizado dentro de la misma empresa La Polar, donde se utilizan sistemas informáticos, sofwares especiales, instrucciones dadas por la plana gerencial bajo las personas que están como ejecutivos de cobranza. Hay todo un sistema destinado a cometer estos posibles ilícitos de usura y estafa e incluso falseaban información para hacer creer que la empresa era muy rentable con la manipulación de los estados contables y financieros”, señaló el jurista.

Casanova señaló que también tendrán que responder las empresas auditoras puesto que deberían haber estado al tanto de los estados financieros y podrían ser culpables de omisión dentro de la asociación ilícita.

En tanto el director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, señaló que esta querella podría involucrar incluso a funcionarios del Estado.

“Se desconfía de las autoridades del Estado, que no fueron capaces en su momento de detectar tempranamente la comisión de este delito, que suponía la intervención de al menos veinte personas entre directores, gerentes y ejecutivos de la compañia, por lo tanto estos ciudadanos con el auxilio de la Fundación Chile Ciudadano no van a dejar escapar a los delincuentes, no va a haber impunidad. Nos vamos a asegurar de que estas cosas lleguen hasta el final”, indicó Fabres.

El jurista criticó que el Estado siempre llega tarde y que normalmente las autoridades buscan conciliaciones o arreglos privados de espaldas a la ciudadanía que no logra sino dar un manto de impunidad a los infractores.

Fabres añadió que las imputaciones entre los diversos funcionarios del Estado no tienen relevancia puesto que no resuelven los problemas de las personas.

El abogado manifestó además sus aprehensiones sobre el trabajo que pueda desarrollar la Comisión Investigadora en el Congreso, ya que, según dijo, en nuestro país las leyes se dictan y no se cumplen, y los delitos económicos aún tienen penas bajísimas.

Esto se suma a la solicitud de intervención del Consejo de Defensa del Estado por parte de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, luego de que una ex empleada de La Polar señala que durante los años 2004 y 2005 la multitienda habría comprado una parte de la base de datos de los beneficiarios del ex Instituto de Normalización Previsional, INP, actual Instituto de Previsión Social.

El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, y el director del Instituto de Previsión Social, Juan Bennet, se reunieron por este tema con el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, y el fiscal a cargo de la investigación del caso La Polar, Luis inostroza.

Luego de la reunión el subsecretario Iglesias insistió en que el IPS nunca ha vendido bases de datos, señalando: “Eso de comprobarse como cierto es una ilegalidad pues el IPS ni en esa época vendió bases de datos, ni las entregó a terceros. Si La Polar tuvo acceso a estos datos es ya sea porque se compraron, lo que sería ilegal o porque construyó La Polar la propia base de datos con información de pensionados del IPS que eran sus clientes en cuyo caso no habría ilegalidad, pero eso se tiene que investigar”.

La empresa vive horas clave puesto que este viernes, durante la junta de tenedores, la multitienda presentaría a los bonistas una minuta con los principales puntos que contendrá el acuerdo judicial preventivo, documento vital para la sobrevivencia de la compañía, ya que de no firmarse, la compañía podría quebrar.