El informe, de más de 30 páginas, desarrolla a través de 6 apartados los principales argumentos del grupo de catedráticos, con especial énfasis sobre la situación de la educación superior chilena, como señaló el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Eric Eduardo Palma, quien ha sido además el encargado de hacer la presentación ante el Relator Especial de la ONU.

“Nosotros hemos hablado en el último tiempo de una bancada transversal en este tema, gente de  todos los sectores políticos que están interesadas en el negocio de la educación, del lucro en todos los niveles. Por lo tanto, ellos tienen un acuerdo respecto al consenso respecto a las políticas más apropiadas para sus intereses mercantiles”, sostuvo el académico.

Palma sostiene que en un primer momento han puesto su atención sobre la educación universitaria, donde, en su opinión, tanto la actual institucionalidad como el conjunto de propuestas presentadas por el Gobierno en el marco del Gran Acuerdo Nacional por la Educación, GANE, mantienen en forma transversal una visión  mercantilizada de la educación.

En ese sentido, el docente afirma que la presentación al Relator Especial tiene que ver con que el enfoque mercantilista que la institucionalidad chilena aplica sobre la educación superior es incompatible con los principios enunciados en el Protocolo Facultativo del PIDESC, que Chile ha suscrito pero no ha ratificado.

El académico fue más allá y enfatizó que “cualquier política pública que se diseñe cuyo elemento central gire en torno al pago y la legitimación del lucro, y que el apoyo a las universidades estatales que permita una educación gratuita es casi inexistente, significa una violación flagrante de los deberes jurídicos del Estado en relación con el pacto Derechos Económicos Sociales y Culturales”.

Palma agregó que las organizaciones de académicos de las universidades de Chile, de Antofagasta, del Biobío, además del Foro Nacional de Educación para Todos de Chile, iniciarán una campaña para lograr que el Relator Especial visite Chile, además de que el Estado ratifique el PIDESC para consagrar los derechos que éste contempla.