“¡No a la tortura! A nadie, en ningún lugar, y en nombre de nada”, titula este informe de Derechos Humanos, donde se muestra cómo el Estado Chileno sigue ejerciendo violencia y amparando una serie de tratos inhumanos, crueles y degradantes.

El informe expone focos actuales de tortura, como son el caso bombas, que ha sido catalogado como un montaje por diversos abogados y defensores de Derechos Humanos, y la criminalización de la lucha social del pueblo mapuche, que ha afectado a una serie de menores de edad, tal como indicó Ana Cortez, de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos.

“Hostigamiento a niños algunos de ellos menores de diez años. Mientras situaciones muy cotidianas de las comunidades, como el traslado de los niños en transporte escolar hacia sus escuelas, son interceptados en medio del camino rural y a los niños los bajan, los amenazan, los interrogan. Eso es una situación cotidiana y los casos que están documentados en el informe corresponden sólo a los que han tenido consecuencia por un recurso de protección, denuncia formal por parte de alguna institución, pero es sólo la punta del iceberg”, señaló Ana Cortez.

En cerca de 80 hojas con distintos casos y su respectiva documentación, el nuevo informe demuestra cómo, en ambas instancias, se ha utilizado la Ley Antiterrorista como una verdadera arma jurídica, violando los Derechos Humanos de los acusados, los que se ven expuestos a procesos sumamente irregulares.

Pero ¿cómo permitimos hoy estos abusos? En este sentido, el sociólogo y miembro de la Comisión, Felipe Portales, se refirió a los aspectos institucionales que sustentan esta cultura, principalmente al interior de las fuerzas armadas y de orden en nuestro país.

Según el experto existirían enclaves en el interior de las leyes de los uniformados que dan sustento a la tortura, como en el código  de justicia militar, donde se afirma expresamente que la obediencia al superior está por sobre la conciencia individual incluso si significa incurrir en delitos o en una violación de los Derechos Humanos.

“En la legislación chilena actual se establece que el inferior debe cumplir cualquier orden del superior, aunque tienda a ser tortura u otro delito en la medida que el superior le insista en el cumplimiento de esa orden. Además, con este sistema legal es imposible que exista una formación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Qué formación se les puede dar respecto de los Convenios Contra la Tortura si su propia legislación contraviene la Convención en aspectos tan importantes como este”, afirmó Portales.

Esto por nombrar uno de tantos códigos y estructuras insertas en la cultura militar que impiden dar un giro e integrar la formación de los uniformados el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Y más aún cuando Chile seguiría enviando soldados a la llamada “Escuela de Las Américas”, organización de instrucción paramilitar que ha formado a diversos oficiales especializados en técnicas de tortura que participaron en distintos golpes de Estado.

“Este no es un tema del pasado. El 15 de septiembre, el gobierno chileno ha realizado un nuevo lazo con la Escuela de las Américas, que ahora tiene otro nombre, y el subsecretario de Defensa chileno, Oscar Izurieta, acaba de firmar un nuevo convenio con el encargado de la zona sur del Ejército estadounidense para seguir instruyendo oficiales chilenos en la Escuela de las Américas”, señaló Elías Padilla, profesor de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Frente a esto, la Fundación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, le envió una carta al ministerio de Defensa para que, en virtud de la Ley de Transparencia, aclare esta situación. Estos son algunos de los temas que siguen presentes en nuestra sociedad y que dejó al descubierto esta nueva publicación.