Luego que durante la jornada del lunes el Ministerio Público solicitara arraigo nacional y firma mensual para los ocho imputados por las muertes que ocurrieron después del maremoto en febrero de 2010, uno de los abogados de las víctimas, Raúl Meza, ya adelantó que pediría prisión preventiva para los acusados.

Hoy continúa la audiencia de formalización en la que se está dando cuenta de las evidencias materiales que sustentarían las medidas cautelares para los supuestos responsables, entre los que se incluyen el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.

Esta primera etapa del proceso podría concluir mañana cuando el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decida qué medida aplicar.