El director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, aclaró que se trata de un acuerdo abierto que debe ser todavía aprobado por un juez.

Según explicó, el convenio no inhibe la presentación de otras propuestas de conciliación y de querellas individuales de personas que estén insatisfechas con el acuerdo.

Fabres comentó que quienes consideren que el arreglo es insatisfactorio tienen un plazo de 20 días hábiles, desde la fecha de su publicación, para salirse del juicio colectivo y presentar su demanda individual, plazo que vence este 6 de junio.

El abogado se refirió al plan compensatorio, que tendrá un costo de 650 millones de dólares para la empresa, enfatizando en lo que la fundación consideró esencial.

“Una compañía que durante más de diez años lesionó los derechos de sus clientes, falseando sus cuentas, pudieron obtener total claridad y se ha  restablecido una situación de verdad. Nuestro propósito ha sido transformar a 150 mil ciudadanos, que eran hasta hace pocos meses deudores de la compañía, con deudas cuantiosas, imposibles de pagar, en acreedores. Gente que, según las cuentas falsas de La Polar debían pagar, hoy son personas que tienen derecho a cobrar a La Polar”, sostuvo el jurista.

Fabres explicó que los clientes de la compañía deberán ser recompensados en un rango de cobros que fluctúa entre los 10 y 15 pesos, los más bajos, y tres millones y medio para los más altos.

También valoró que se haya reducido la deuda de 850 mil clientes, gracias a la eliminación de todos los cargos, legales e ilegales, a partir del mes anterior a la primera repactación unilateral.

Fabres informó que el acuerdo contempla también la eliminación de todos los intereses moratorios que se cobraron durante años y que a las personas que La Polar le deba dinero, gracias al acuerdo, se le restituirá un 100 por ciento reajustado en unidades de fomento.

El abogado se refirió también a un punto que calificó como un “hito histórico”, y es que La Polar fue obligada a pedir disculpas, por escrito, al millón de cliente repactados unilateralmente.

“En Chile los abusadores no están acostumbrados a pedir disculpas y, en este caso, una compañía que abusó le va a mandar una carta a cada cliente reconociendo la ilicitud que cometió, la anterior administración por cierto, y va a recibir una disculpa frontal y directa sobre este abuso. Esa es una cuestión no menor”, aseguró.

El acuerdo contempla, además, la eliminación de las bases de datos de morosidad de todos los clientes que fueron afectados por las repactaciones y establece un procedimiento de revisión, de parte de los ciudadanos, de los contratos para evitar clausulas abusivas.

Finalmente, Fabres se refirió a las suspicacias que levantó la retribución de 800 millones de pesos para la Fundación Chile Ciudadano gracias al acuerdo, aludiendo que es necesario y justo que las organizaciones de la sociedad civil se fortalezcan para competir en igualdad de condiciones contra las grandes empresas.