Este martes, en el Undécimo  Juzgado de Garantía de Santiago la Fiscalía Sur reformalizará por cuasidelito de homicidio a ocho ex funcionarios de Gendarmería imputados por la muerte de 81 reclusos en el incendio de la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010.

Se trata de los centinelas Fernando Orrego, José Poblete y Fernando Riquelme, formalizados  actualmente por homicidio por omisión; el entonces director regional metropolitano de Gendarmería, Carlos Bustos; el jefe operativo regional Jaime San Martín, el oficial de guardia José Alexis Hormazábal, el alcaide de la cárcel Segundo Sanzana y el jefe administrativo del penal Patricio Campos, quienes hasta ahora estaban imputados por cuasidelito de homicidio reiterado.

La reformalización es una buena noticia para los defensores que esperan una rebaja en las penas efectivas que recibirán los imputados y también para los gremios de Gendarmería.

José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), recalcó que esta medida confirma lo que manifestaron desde un principio, es decir, que no correspondía el homicidio por omisión y que la tesis del ex fiscal Alejandro Peña en el caso estaba errada.

Maldonado subrayó además que se trata de funcionarios públicos con irreprochable conducta anterior, por lo que señaló que el despilfarro de recursos por parte de la Fiscalía Sur fue injustificado, a la vez que manifestó la necesidad de establecer otras responsabilidades.

“Hay otra aspecto en la investigación sobre las redes contra incendio que quedó demostrado en la Cámara de Diputados por trabajos que no se hicieron, que se pagaron y que esta administración recibió las obras. Respecto de esa investigación no hemos tenido noticia de parte de la Fiscalía Sur. También hay una duda sobre si va a tener o no la fuerza necesaria sobre las responsabilidades que pudieran tener algunos personeros políticos en relación con las redes contra incendios”, afirmó el dirigente de la ANOP.

Respecto de las declaraciones del fiscal Pablo Sabaj, sobre que en este caso se violaron una serie de protocolos y reglamentos en caso de incendio y que esto será consignado en la reformalización, el presidente de la ANOP afirmó que tales protocolos no existen, por lo que Gendarmería debe mejorar sus procedimientos.

Por su parte José Quezada, padre de Antonio, uno de los fallecidos en el siniestro de fines de 2010, lamentó que esto pueda traducirse en penas más bajas.

“Lo que podría molestarnos a nosotros, como familiares, es que con esto se produzca una rebaja de pena a las personas responsables del asesinato de las 81 personas que fallecieron en la cárcel de San Miguel, porque realmente hay responsables, que son culpables, que no han cometido un cuasi delito de homicidio. Para m{i, ellos tienen responsabilidades directas y no una responsabilidad indirecta donde no se quiso hacer nada, porque ellos estuvieron en el lugar, pudieron salvar a las personas y no hicieron lo que correspondía según el reglamento y según la voluntad humana”, dijo.

No obstante, Quezada coincidió en que hay responsabilidad en la dirección de la institución y recordó que la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, había advertido que el hacinamiento en las cárceles podría desatar una tragedia, lo que fue desoído por todos los poderes del Estado.

Por su parte, Carlos Quezada, abogado querellante en el caso en representación de algunas familias, explicó que insistirán en que se trató de delitos mayores.

“Desde la perspectiva de nosotros como querellantes en la formalización del Ministerio Público corresponde una facultad exclusiva de ellos, por lo tanto, no tiene incidencia directa, si el Ministerio Público determina que en su opinión los hechos son constitutivos de cuasi delito de homicidio reiterado, es su facultad y nosotros no podemos cuestionarla y nosotros como querellantes vamos a mantener nuestra pretensión de que al menos cinco de los imputados deben responder en su calidad de autores de delito de homicidio en comisión por omisión y para ello en el minuto procesal que correspondiente deduciremos la acusación particular que corresponda”, afirmó.

El abogado señaló que luego de la reformalización, el Ministerio Público debe comunicar el cierre de la investigación una vez que ésta se encuentre agotada, para posteriormente preparar el juicio oral que, si todo sigue su curso normal, debería comenzar en octubre o noviembre.