Parlamentarios del Partido Socialista y el PartidoPor la Democracia expresaron su voluntad de acusar constitucionalmente a la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, por intentar interferir en la actuación de la justicia, luego que la secretaria de Estado asegurara que la Corte Suprema cometió un error al calificar el proyecto de la termoeléctrica Castilla, lo que no estaría entre sus competencias como tribunal.

El diputado DC, Jorge Burgos, dijo que “las declaraciones de la ministra Benítez fueron tan desmadradas, tan fuera de lugar, que se abrió la posibilidad de analizarlas”.  Sin embargo, aclaró que el proceso “hay que hacerlo con calma y como bancada no lo hemos hecho, una vez que lo hagamos, lo vamos a decir”.

En tanto, al interior del oficialismo, mientras los parlamentarios de Renovación Nacional criticaron a la ministra Benítez, “por traspasar los límites”; en la UDI cerraron filas en torno a la titular de Medio Ambiente. “Creo que lo que ha hecho la ministra se ajusta a derecho, se ajusta a la Constitución, a la ley y a las garantías constitucionales y la vamos a seguir defendiendo”, aseguro el gremialista Felipe Ward.

Pese a ello, el abogado y experto constitucionalista, Patricio Zapata, cuestionó las declaraciones de la secretaria de Estado, aunque manifestó dudas de que  sea pertinente una acusación: “Hay imprudencia, mala manera, mala forma, una imprudencia temeraria incluso, pero no sé si infringe el artículo 76”, dijo.

“El Poder Judicial tiene que actuar para defender su prestancia frente a la opinión pública, porque si cada vez que haya un tropiezo, cada vez que el Gobierno tiene un problema va a dirigir su miradas hacia los jueces para que la opinión pública los culpe, estamos haciéndole un flaco favor a la división de los Poderes. En ese sentido comprendo y entiendo la reacción de la Corte Suprema”, agregó el jurista.

En tanto, en conversación con el programa Semáforo de nuestra emisora, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, valoró el fallo del máximo tribunal, por mostrar un camino para aplicar correctamente la legislación ambiental.

“La Corte se pronuncia sobre el sentido de la evaluación ambiental, sobre el proceso, no sobre un proyecto en particular, porque como considera que el proceso fue mal hecho ni siquiera se mete en ese tema. Eso es lo que tiene tan angustiado al sector empresarial, porque aquí hay una señal clara de cómo debe ser aplicada la ley ambiental”, explicó Liberona.

La directora ejecutiva de Terram, además, recordó que la actual institucionalidad ambiental de Chile, es producto de un acuerdo político entre el PS y la UDI, y que durante los últimos 30 años los gobiernos solo han buscado proteger al empresariado, por ello existe tanta preocupación desde dicho factor frente a lo decidido por la Corte Suprema en relación a Castilla.