Los jefes de las bancadas de los partidos de oposición informaron a través de un oficio dirigido al Presidente Sebastián Piñera, el inicio de un proceso de “fiscalización parlamentaria”, a raíz de  las declaraciones de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, en relación al fallo de la Corte Suprema que ratificó la ilegalidad del proyecto termoeléctrico Castilla.

El oficio emplaza al Presidente a pronunciarse  sobre los dichos de la secretaria de Estado e incluye una solicitud para que responda, además, “sobre la declaración pública que adoptó el Pleno de la Corte Suprema el pasado 11 de septiembre de 2012, precisamente respecto de esta materia, manifestando su total, absoluto y decidido rechazo a las mismas”.

En esa línea, el subjefe de la bancada DC, Ricardo Rincón señaló que “la Concertación  y sus jefaturas de bancada inician  el proceso de fiscalización  a la  ministra  Benítez;   no descartamos ninguna  herramienta de fiscalización  y ya hemos firmado todos este oficio  al Presidente de la República  en conformidad de las facultades Constitucionales  del artículo 52 numeral, primero para que el Mandatario,  de quien dependen los ministros de Estado, responda  sobre  lo que ha dicho el pleno de la Corte Suprema   porque  fue clarísimo al  señalar  que  las  manifestaciones  de la ministra Benítez escapan a la sola  crítica   y constituyen una afectación directa de la independencia  y autonomía del poder  judicial: Por ello, lo que corresponde es que el Presidente responda a esta  cámara fiscalizadora”.

La jefa de la  Bancada PPD, Adriana Muñoz, señaló que con este oficio “queremos establecer que ésta es una intromisión inaceptable de una Ministra de Estado en las facultades de otro Poder del Estado, como es el Poder Judicial. También  si este desparpajo con que el gobierno  ha defendido a la ministra Benítez es consciente, o es una intervención bastante desproporcionada en los medios para defender lo indefendible y generar un mal referente en la relación de los poderes del Estado”.

El Presidente tiene un plazo de 30 días para responder a este requerimiento y, de no prosperar, no se descarta una acusación constitucional.