Celestino Córdova, único detenido por el incendio a una casa patronal que terminó con la muerte de Werner Luchsinger y su señora, fue trasladado esta tarde a la Cárcel de Temuco a la espera de su formalización por este caso.

Córdova fue detenido por efectivos policiales a 1500 metros del inmueble con una herida a bala en el tórax, por lo que desde el viernes pasado se encontraba internado en el Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Desde la institución indicaron que, si bien, todavía no ha recibido el alta médica, el comunero puede continuar su rehabilitación en dependencias del penal. Esto mientras espera su audiencia de formalización, que quedó programada para el próximo viernes a las 09:00 horas.

En la oportunidad se formularán los cargos respectivos invocando la Ley Antiterrorista, tal como lo han adelantado diversas autoridades.

Córdova es un machi de la zona reconocido por su investidura de autoridad tradicional y espiritual. Ha estado ligado a trabajo de apoyo académico en universidades y con profesionales vinculados a la salud en Araucanía, donde venía trabajando en programas de formación. “Es una persona profundamente espiritual, respetuoso y con una amplia mirada del conflicto mapuche con el Estado chileno”, indicaron desde el Observatorio Ciudadano, organización que se mostró sorprendida por su supuesta vinculación con el hecho.

La formalización estará a cargo del fiscal jefe regional de Temuco Francisco Ljubetic, quien fue designado por Sabas Chahúan como fiscal exclusivo para aclarar el incendio.

Gobierno defiende medidas

Sin descartar la posibilidad de establecer Estado de excepción, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió la aplicación de la ley Antiterrorista en la Región de la Araucanía, después de reconocer diferencias con la oposición en torno a este tema para enfrentar la violencia en la zona.

“Hemos comprobado una discrepancia respecto de los presidentes de los partidos de la oposición, en relación a la invocación que ha hecho el Gobierno de la Ley Antiterrorista. Los presidentes de los partidos de la Concertación tenían opiniones diversas, pero no tenían un respaldo a la invocación de esta ley”, indicó Chadwick, quien sostuvo este lunes una reunión con los presidentes de los partidos de la Alianza y la oposición donde se abordó la utilización de estas medidas.

Sin embargo, el jefe de Gabinete sostuvo que respetando las diferencias, para el Gobierno “es fundamental en estos días haber invocado la ley antiterrorista, porque necesitamos disponer de las mejores herramientas legales para combatir con decisión, con fuerza y sin debilidades los últimos actos terroristas que hemos presenciados y que han sido actos criminales atroces”.

“El Gobierno está muy decidido y muy claro en continuar con las acciones judiciales a través de la ley antiterrorista para efecto de poder tener y disponer de las mejores condiciones jurídicas dentro del Estado de Derecho para poder encontrar a los responsables de estos crímenes”, añadió el secretario de Estado.

Asimismo, en relación a la posibilidad de recurrir a medidas más duras para la región, como el Estado de Excepción, el ministro Chadwick indicó que “no descartamos ninguno de los instrumentos jurídicos que nuestra Constitución y nuestra ley nos brinda para efectos de garantizar y contribuir a garantizar la seguridad de las personas (…) El Gobierno está siempre evaluando y determinando cuáles son aquellos instrumentos que nos resultan más útiles, más oportunos y más eficaces en las circunstancias que se están viviendo. Hoy día, el instrumento que nos resulta más útil, más eficaz y que creemos que el más oportuno es la aplicación de la ley antiterrorista, pero no descartamos hacia el futuro, de acuerdo a como estemos evaluando y viendo las circunstancias, el hecho de tener que recurrir a otros instrumentos jurídicos”, aseguró.

“Frente al terrorismo siempre hay que tener una sola estrategia, enfrentarlo en forma directa y con la mayor fuerza posible. Al terrorismo no hay que darle espacio ni hay que darle validez, ni justificación. No, al terrorismo se le combate de forma directa, clara y con todos los instrumentos que se disponen en democracia y en un Estado de Derecho para efecto de poder aislarlos, reducirlos y que sus responsables estén a disposición de los tribunales”, finalizó.

Oposición reitera rechazo

Después de la reunión con el ministro Chadwick, el vocero de los partidos de la oposición, Osvaldo Andrade, reiteró el rechazo del sector a la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Región de La Araucanía, después de los últimos hechos de violencia registrados en la zona.

El presidente del Partido Socialista indicó que se le informó al titular de Interior el desacuerdo que existe en la oposición con la aplicación que hizo el Gobierno de la Ley Antiterrorista.  “No parece conducente ni eficaz para resolver los problemas que hemos conocido y, desde ese punto de vista, nuestra opinión en general ha sido a que no nos parece una buena idea”, dijo.

Lo mismo planteó en torno a la idea de establecer un Estado de Excepción en la Novena Región, indicando que “el Estado de Derecho en Chile es lo suficientemente estable como para tener que recurrir a situaciones de esa naturaleza. Felizmente, en la conversación que hemos tenido con el ministro ha manifestado que no está tampoco en la opinión del Gobierno recurrir a este tipo de situaciones excepcionales”, agregó el parlamentario PS.

El líder de la oposición sostuvo que también se le pidió al secretario de Estado “mesura y proporcionalidad”, tanto en las declaraciones como en las acciones que adopte el gobierno frente al conflicto.

Reiterando la “condena más absoluta” de toda la oposición a los últimos sucesos de violencia en la región, Andrade señaló que a Chadwick también  se planteó “lo que nosotros entendemos como un déficit en el trabajo de inteligencia política y policial. El ministro nos ha dado un conjunto de explicaciones, sin embargo, hemos reiterado que en nuestra opinión hay una tarea pendiente”.

Finalmente, el diputado indicó que se reiteró que las iniciativas para buscar y sancionar a los culpables “se haga con la debida prudencia y con el respeto más absoluto a los derechos de todas las personas, tanto víctimas y decirlo también, los victimarios”.