Rodrigo Ferrari fue formalizado por delito de usurpación de identidad, luego que la Fiscalía lo indicara como autor de tres cuentas de Twitter que parodian al empresario Andrónico Luksic. El abogado arriesga una condena que va desde los 61 hasta los 540 días de cárcel.

Indirectamente, este caso se vincula a la formalización de un estudiante en 2012, quien falseó la identidad del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, aun cuando en esta ocasión no existe intención por suplantar al empresario, sino realizar una parodia en Internet.

El abogado de Rodrigo Ferrari, Cristián Arias, señaló que incluso no es posible vincular a Ferrari con dos de las tres cuentas investigadas. Además, indicó que esta práctica no constituye delito, contrastado con la magnitud de la investigación.

“Hay que decir que en este caso se han desplegado una serie de recursos públicos por bastante tiempo, está destinado un fiscal de delitos de Alta Complejidad a perseguir al señor Ferrari por una cuestión de bagatela, aún si fuese cierto que hubiese aquí algún delito. Estamos perdiendo un poco el tiempo si perseguimos a las personas que en las redes sociales quieran aparecer de determinada manera con crítica o sátira. El día de mañana será crítica o sátira política y empezaremos a perseguir a esas personas”, declaró.

Cristián Arias reconoció la especulación que surge de momento en que el afectado es un importante empresario, obligando una investigación que no se realizaría ante una denuncia común.

El abogado recalcó también en irregularidades en la investigación: “Cualquier otra persona que hubiese sido parodiada, indudablemente esto habría terminado prontamente con no perseverar, no hay que ser muy suspicaz para llegar a esa conclusión. Investigar este delito no es tan difícil, si es que fuese delito. Hay que recabar determinadas autorizaciones judiciales y comparar las direcciones IP, aquí no están esas comparaciones, lo más curioso del caso. Otro punto relevante, bastante grave, es que no hay autorizaciones judiciales, porque no hay conciencia en Chile de que una dirección IP y los datos asociados son información personal”.

En este punto concuerda la ONG Derechos Digitales, quienes advierten sobre la débil legislación de protección de datos. Su vicepresidente, Francisco Vera, recalcó en la vulnerabilidad de bases de datos e información personal de usuarios de la red: “Aquí hay una situación respecto a legislación de datos personales, donde Chile está muy detrás de estándares internacionales, citando el caso europeo. En Chile no hay órgano público que cautele los datos personales y sepa quién tiene bases de datos y qué hace con ello. Más que un problema en torno a cautelar privacidad, no hay herramientas para cautelar nuestros datos personales. En el caso de Rodrigo, vemos que el fiscal solicitó información sin ninguna autorización judicial”.

Las parodias en redes sociales, el tráfico de bases de datos, y la eliminación de información en internet son parte de herramientas no contempladas en la legislación local.

Ante ello, Francisco Vera recalcó sobre la ética y censura en estas prácticas, quien apuntó que “sabido es que hay agencias que aprovechan los algoritmos de Google logran salir de rankings de búsqueda. Algunas generan contenido falso o invaden la red con ciertos contenidos, lo que puede ser una práctica cuestionable del punto de vista ético. Si se abusa y actúa de forma constante, es aprovecharse del control de redes sociales, lo que configura una actitud cuestionable, no sé si ilegal, pero estaríamos ante un principio de censura”.

No es primera vez que Andrónico Luksic ejerce influencia por contenidos de Internet. El gobierno chileno ofició al sitio de Youtube para retirar un video del libro “Impunidad Diplomática”, de Francisco Martorell. En el texto se vincula al empresario con el ex embajador argentino Oscar Spinoza Melo, involucrados en una red de orgías, consumo de drogas y distintos delitos.