“El Gobierno está decidido a convertir en una conducta constitutiva de delito el que alguien insulte a un carabinero, que lo agravie, que le falte el respeto debido, que lo escupa, que le saque la gorra, que le pegue un empujón” afirmó el Ministro del Interior, Andrés Chadwick al presentar, a principios de esta semana, un proyecto de ley que busca sancionar a todas las personas que agredan a personal de esta institución.

Esta ley también castigará a quien muestre un arma a la Policía con un fin de amedrentamiento, además de un incremento en las penas a quienes cometan maltrato de obra, homicidio o lesiones en contra de un carabinero, afirmó Andrés Chadwick.

Esta medida se suma a otras cuestionadas iniciativas como la llamada “Ley Hinzpeter” y al endurecimiento de los tribunales frente a actos de protesta violentos con la primera condena a presidio efectivo por arrojar una bomba molotov en plena manifestación.

Radio Universidad de Chile conversó con la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien comentó que, pese a que aún no existe un texto específico, “en una primera mirada, nosotros diríamos que hay suficientes figuras en el Código Penal que permiten resolver la situación cuando se agrede a un carabinero, por lo pronto está el código de Justicia Militar todavía vigente, luego hay figuras que tienen que ver con no prestar la obediencia debida a una autoridad, hay un delito de injuria que todavía persiste en el Código Penal, en fin, hay faltas que apuntan a esto. Yo creo que estamos a suficiente resguardo”.

La reticencia pasa por el mal precedente que ha sentado la Ley de Fortalecimiento del Orden Público o “Ley Hinzpeter”, la que ha sido cuestionada por diversas organizaciones, incluido el Instituto, que dio cuenta de sus peligros en su informe anual, donde además  denunció la violencia que ha empleado el contingente policial en marchas y movilizaciones sociales.

En ese sentido, la directora señaló que existe un problema en la forma en que el gobierno está aplicando las políticas.

“Nosotros hemos planteado que en general las señales han sido bastante confusas en materia de ley en torno al tema de seguridad pública, porque el proyecto de Ley Hinzpeter ha entrado y salido varias veces del Parlamento, no logrando todavía  generar un consenso no porque la gente no esté de acuerdo en que hay que sancionar las conductas de agresión contra carabineros, sino más bien porque la forma o la técnica en que se presentan estos proyectos de ley dan lugar a mucha ambigüedad de que, de repente, puedan pagar justos por pecadores, afectando los derechos de las personas”, declaró.

Lorena Fríes enmarcó dentro del endurecimiento de las autoridades el que por primera vez se cumpla una condena en prisión preventiva por el lanzamiento de una bomba molotov el 29 de marzo del 2012, cuando, al parecer, hay una agresión y un proceso judicial regular, pero afirmó que hay que “mirar más allá de la coyuntura, en función de cómo se insertan las leyes de seguridad democrática en un país con plena vigencia de los derechos humanos”.

En ese sentido apuntó a la capacitación en la materia que está recibiendo fuerzas especiales y la necesidad se reactualicen sus protocolos para hacerlos “más acordes con los tiempos”.

“Es lento, aquí estamos hablando de cambiar una cultura organizacional dentro de Carabineros y las culturas se cambian progresivamente. Yo creo que hay un principio de voluntad, pero evidentemente una formación a Fuerzas Especiales no va a hacer que desaparezcan todos los abusos que pudieran haber de parte de Carabineros. Por lo tanto yo llamaría a seguir en esa senda de manera de que, en pasos graduales, podamos llegar a una situación en que, junto con sentirnos orgullosos de la institución de Carabineros porque cumple con la seguridad, no tengamos que lamentar ninguna agresión”.

La Directora del organismo afirmó que se trata de “buscar un desarrollo armónico de las políticas relacionadas con seguridad y el pleno respeto a los principios de un Estado de Derecho”.

Un tema a tener presente en un contexto de alta conflictividad social, cuando sigue presente la protesta en La Araucanía y cuando se espera una posible reactivación del movimiento estudiantil, a las puertas de un nuevo día del Joven Combatiente.