Los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN) ingresaron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca remitir completamente las penas que cumplen condenados por diversos delitos establecidos en el Código Penal, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Esto, al asegurar que al personal civil y militar activo o en retiro de las Fuerzas Armadas procesado o condenado en este periodo “se les ha vulnerado garantías de un justo y debido proceso”.

El artículo primero del proyecto de ley explica que “a todos los autores, cómplices o encubridores de delitos en grados consumados, frustrados o tentados, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren cumpliendo una pena impuesta por sentencia definitiva no superior a 15 años, se les remitirá de pleno derecho completamente la pena”.

“Al conceder este beneficio, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de un año y máximo de tres” y para ello el condenado deberá cumplir con la residencia en un lugar determinado y el ejercicio de una profesión u oficio.

“El presente proyecto de ley se inspira en los más altos valores de justicia, equidad e igualdad penal y procesal, al cual sin exclusiones gozamos todos, ya que emanan de la naturaleza humana, garantizados por nuestra Constitución Política de la República y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Nos motiva también la búsqueda de la reconciliación entre todos los chilenos y de esta forma reforzar la unidad nacional”, expresa el documento.

La bancada de la Democracia Cristiana calificó este proyecto como “aberrante e inaceptable”. Ricardo Rincón, jefe de bancada de la DC, agregó que “esta es la verdadera derecha, la que permanentemente intenta defender los horrores de la dictadura “.

Los diputados René Saffirio y Aldo Cornejo de la comisión de Constitución, y Gabriel Silber y Sergio Ojeda de la comisión de Derechos Humanos, revisaron la iniciativa y la rechazaron categóricamente, aduciendo que “se pretende abrir las puertas de las cárceles para los violadores de derechos humanos, a los asesinos y cómplices de crímenes cuyas heridas aún perduran en miles de familias chilenas”.

El diputado René Saffirio precisó que “el país debe y merece saber que está fraguando la derecha con un proyecto como éste; es aberrante y sin pudor alguno, se saltan todas las instancias establecidas en nuestra legislación para obtener beneficios, otorgando, de pleno derecho, la remisión de la pena, incluso otorgando beneficios directos y exprés para los procesados “.

En tanto, el diputado Gabriel Silber agregó que “lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a proyectos de esta naturaleza por parte de la Alianza y el Gobierno: la llamada Ley Hinzpeter, el proyecto que aumenta sanciones por insultos a Carabineros y ahora éste”.

La polémica iniciativa será analizada por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.