La vulnerabilidad de niños y adolescentes mapuches sigue siendo tema crítico para la situación de los Derechos Humanos en Chile, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera un recurso de protección presentado por comunidades de esa etnia por los allanamientos realizados el 30 de abril por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), cuando ingresó con funcionarios militarizados a las comunidades de Trapilwe y Mawidanche, sector Quepe de la comuna de Freire, en la región de la Araucanía.

La policía buscaba a los responsables del incendio a un camión en las faenas del aeropuerto de Freire. No encontró lo que buscaba, pero durante el allanamiento, realizado sorpresivamente durante la noche, entraron violentamente a las casas, sacaron de sus camas a menores de edad, los esposaron y los arrastraron. Así consta en el testimonio de Jorge Painemil, dirigente mapuche que además de la violencia sufrida por los adolescentes, denuncia un robo por parte de la PDI.

“El niño tiene 14 años, fue sacado de la pieza amarrado, y ahora tiene miedo de ir al colegio. Es un daño muy grande, llegó gente de la PDI encapuchada, amenazando con metralleta. Se llevaron 800 mil pesos de venta de cebada. Tengo crédito en el banco y no pude pagarlo. Me llevaron los teléfonos, el computador del niño donde hace sus estudios también”, indicó.

La Justicia ya estableció que la policía “afectó a varias familias, con gran despliegue de personal, vehículos, sobrevuelo en helicóptero, intimidando y causando pánico en los niños que dormían en su hogar, siendo despertados violentamente”.

María del Rosario Salamanca, defensora penal mapuche, dijo que algunos de los allanamientos no tenían orden judicial: “Fueron gravemente afectados los niños, también una mujer embarazada, y sed allanó domicilios sin orden de ingreso. El tribunal de Temuco acogió la petición de oír a los niños, y que se decida el fondo del recurso”.

Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, dijo que detrás de esta situación hay un patrón de impunidad que se repite, quien señaló que “hay un patrón de impunidad, eso tiene que ver con una impunidad policial hacia los delitos de policías, que la justicia militar los absuelve y deja en impunidad. Otro aspecto es la administración, que aduce falta de voluntad en las autoridades civiles, para sancionar este tipo de hechos”.

La PDI no quiso referirse al fallo que le ordena actuar con racionalidad ante niños, niñas y adolescentes indígenas.