El pleno de la Corte Suprema, la misma que respaldó públicamente el Golpe Militar y ante la cual juró el dictador Augusto Pinochet como Presidente de la República, podría discutir este viernes su papel durante este período.

Esto luego de la declaración pública de la Asociación Nacional de magistrados, en la que se cuestiona duramente el comportamiento de los tribunales de justicia y, en especial, del máximo tribunal durante la dictadura de Pinochet, a lo que se agregan las palabras del vocero de la Suprema, Hugo Dolmestch, quien dijo a CNN Chile que no encontraba motivos para pedir perdón y que fue “un acierto” respaldar el Golpe.

Consultado por estas opiniones, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se limitó a decir que opinará este viernes: “Mañana hay Pleno, y seguramente el tema que les preocupa se tratará ahí. Luego de ese Pleno, independiente si se trata el tema, haré una declaración. Ellos (magistrados) pueden hacer peticiones, y veremos mañana. El derecho a petición, conocido como ‘derecho a pataleo’, está en la Constitución”.

La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, destacó que los tribunales estén debatiendo a este respecto, y señaló que “es absolutamente necesario que ellos reflexionen y digan qué opinan como poder del Estado, la obsecuencia con la dictadura, y no salvar vidas que estuvieron en sus manos”.

En conversación con corresponsales extranjeros, el Presidente Sebastián Piñera insistió en las críticas al poder judicial y también a los medios de comunicación, quien declaró que “el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus desafíos, y pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le corresponde cautelar los derechos de las personas, acogiendo los miles de recursos de amparo que rechazó. Los medios pudieron hacer más, investigando la realidad en materia de violaciones con mayor rigor, y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar”.

La declaración de la Asociación de Magistrados reavivó los cuestionamientos a la Corte Suprema, que además de negar casi 10 mil recursos de amparo por detenciones ilegales, en sus fallos no aplicó durante el régimen de Pinochet preceptos fundamentales del derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad.