Este es el segundo adelanto, si pensamos en el capítulo sobre verdad y justicia, a 40 años del Golpe de Estado de 1973 y las violaciones y crímenes que ocurrieron durante la dictadura.
Este planteaba, como emplazamiento al Estado, la existencia de “un surtido de medidas e instancias aisladas, muchas veces temporales, susceptibles de reveses y estancamientos. Aún se espera la materialización de una clara voluntad política”.
En ese anticipo se reconoce que los avances que desde 1990 Chile ha vivido son en gran parte gracias a la insistencia sostenida de las personas más directamente afectadas y de las organizaciones de los DD.HH.
Además se recomienda una reflexión profunda, un rechazo explícito y transversal al ejercicio del autoritarismo político y el terror de Estado; remover del cuerpo de leyes todo elemento heredado del ejercicio de dicho terror, partiendo con el Decreto Ley de Amnistía; impulsar los proyectos de ley que buscan fortalecer el compromiso de Chile para terminar con la impunidad, sancionando actuales y futuras ocurrencias de crímenes de lesa humanidad; fortalecer la labor de los ministros en visita en estos casos, así como también a la Brigada de DDHH de la PDI; e implementar un sistema de monitoreo al progreso de las causas y también de las víctimas.
Ahora, en su lanzamiento completo, el grupo de profesionales a cargo del estudio relevó tres capítulos como los más llamativos de esta edición. Uno de ellos es el que tiene que ver con un análisis al proyecto de ley de derechos migratorios.
La investigadora Helena Olea aseguró que este es insuficiente y desconoce importantes normativas y acuerdos en la materia.
“El proyecto no considera la realidad migratoria de este país y propone soluciones que no dan cuenta que más del 75% de los migrantes que ingresan a Chile y regularizan su permanencia son migrantes regionales. En segunda medida, este proyecto está presentado desconociendo los acuerdos regionales de integración y particularmente el acuerdo de Mercosur sobre libre tránsito y residencia de los nacionales de los países del Mercosur y, en segunda medida, las obligaciones de derechos humanos que Chile tiene pendientes”, explicó.
Si bien se reconoce el envío del Proyecto de Migración y Extranjería como una respuesta positiva al diagnóstico en la materia; el documento invita a seguir las recomendaciones internacionales y “revisar el cambio de paradigma que conlleva entender la migración en el año 2013, asignando responsabilidades y funciones a órganos que la entiendan como el resultado de la evaluación de coyunturas económicas, demográficas y sociales”.
Un segundo tema destacado es la penalización a la mujer por aborto. Lidia Casas, académica a cargo del capítulo dijo que la mujer está expuesta a una violencia estructural muy grave la que se da por sexo, por género y por clase.
“Interrogar a las mujeres cuando llegan a un hospital y que luego, a partir de esa confesión que muchas veces extrae el personal de salud, las mujeres son denunciadas. ¿Qué ha dicho el comité en contra de la tortura sobre Chile? Que ese constituye un trato cruel e inhumano equivalente, a veces, a la tortura. Y que, por lo tanto, no es solamente una cuestión de aborto por indicación, riesgo de vida, de salud, o fetos inviables, sino que también en otras condiciones”, evidenció.
En este capítulo se describe la exposición al misoprostol a través del mercado negro de la mayoría de las mujeres que abortan, los múltiples temores que éstas enfrentan debido a la ilegalidad o la condena social que esto significa, además de maltratos físicos y psíquicos, por parte de sus cercanos e incluso de centros hospitalarios.
“La prohibición absoluta de aborto en Chile violenta gravemente los derechos humanos de las mujeres, por lo que la necesidad de legislar se presenta como urgente y necesaria”, establece el documento.
Sobre género, el capítulo de diversidad sexual da cuenta de aspectos urgentes relativos a asegurar en Chile la igual protección de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, e intersex (LGBTI), con un énfasis especial en un el grupo trans, que consideran especialmente discriminados.
El informe contiene además una crítica hacia la desmedida Fuerza Policial en territorio mapuche, ante la ausencia de protocolos que respeten el convenio 169 de la OIT y las falencias graves contra el debido proceso que significa la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Este tema, que ha sido permanentemente monitoreado por el Centro de DDHH de la UDP, plantea una “inevitable relación entre la violencia y la deficiente y tardía solución que el Estado chileno ha ofrecido hasta ahora a esta”.
El derecho al agua también tiene su sección, principalmente atendiendo lo que ocurre en Petorca donde la legislación revela su protección al mercado sin cautelar ni garantizar el consumo humano, lo que está consagrado como derecho.
Aquí, ante las diversas irregularidades, se plantea realizar una modificación al Código de Aguas, por tanto este “no satisface los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Este no determina la preferencia de los usos de consumo y domésticos frente a otros usos alternativos, ni tampoco establece mecanismos adecuados para lidiar con los conflictos que derivan de los múltiples usos del recurso”.
Además, el estudio establece que Chile considera la Salud Mental como un derecho de segunda categoría ante la falta de financiamiento, rechazo de licencia y la discriminación territorial que ocurre con estos pacientes.
Aquí se lamenta que “Chile cuenta con un magro presupuesto destinado a salud mental, cuyo máximo ha alcanzado al 3% del total del gasto en salud (en países desarrollados, bordea el 10%), lo cual se relaciona con algunos de los procesos de discriminación mencionados en la atención en salud mental”.
Ante la falta de recursos suficientes, equitativos y sostenibles, tanto como de políticas y estrategias con claros objetivos, plazos e indicadores, “la promesa del acceso oportuno y de la calidad en la atención en salud mental es insostenible”.
Otro de los capítulos aborda los DDHH de la infancia y la adolescencia en el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente, particularmente en lo que se refiere a la ejecución de una sanción penal cuando no es privativa de libertad.
En la normativa se observa una falencia importante en el desarrollo de los procesos y en sus fases de ejecución. Sobre esto llama la atención la falta de especialización de jueces, defensores y fiscales; además de la carencia de mediciones y estadísticas.
En cuanto a Ley Antidiscriminación, pese a que se reconoce su aporte, se hace hincapié en que esta no posee instrumentos, categorías, ni provee los medios a los órganos del Estado para combatir los diversos tipos de discriminación existentes, “en particular la discriminación estructural”.
En total son nueve capítulos, pero los investigadores advirtieron sobre los efectos de este informe. Judith Schönsteiner, directora del Centro de DDHH de la casa de estudios, dijo que este será un aporte a los documentos que envía la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de la Comisión de DDHH de Naciones Unidas.
Tomás Vial, editor del informe, asegura que el Estado Chileno demuestra a través de este y otros documento un incumplimiento permanente de sus obligaciones internacionales.
“Más allá de avances o retrocesos, se puede constatar un incumplimiento permanente no solo de este gobierno, de muchas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, el país aunque en algunos puntos uno puede notar que hay avances en el tiempo, si uno hace una evacuación más global hay un incumplimiento de muchas obligaciones y es algo constante. Ahora, en el caso de las mujeres, es algo que tiene más de 20 años, por lo menos”, afirmó.
Esta es la 11° versión del informe y plantea que los DDHH no se limitan a las exigencias internacionales de los acuerdos suscritos por el país, sino que además con otras vulneraciones como las ya expuestas.
