Fueron 16 votos en rechazo contra 12 a favor los que enviaron el polémico proyecto de ley de orden público a la Comisión Mixta, donde se revisarán las diferencias entre lo aprobado en la Cámara Baja y la negativa del Senado.

El último avance que tuvo el proyecto de ley fue la aprobación en particular de la iniciativa en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, es decir, artículo por artículo.

Antes de eso, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto, pero con todo su articulado rechazado.

Ahora el proyecto se discute en la Sala de la Cámara Alta, donde el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que es necesario dotar de facultades a la policía para identificar a quienes no ejercen el derecho a reunión.

“Lo que queremos es que los Carabineros tengan atribuciones para sacar de las movilizaciones sociales a las personas que ocultan su identidad y participan en desórdenes públicos. Que los puedan detener, que los puedan retirar del lugar y que los pongan a disposición de la justicia. Porque esas personas que ocultan su identidad, que se encapuchan, y que participan en desórdenes públicos no están ejerciendo ningún derecho de reunión”, manifestó.

Mientras el oficialismo cree que hay un nuevo escenario social, marcado por violencia constante en las movilizaciones, en la oposición creen que ante esto se debe revisar la labor de la fuerza pública y de la justicia, poniendo en duda además la necesidad de la tipificación de nuevos delitos, como el actuar “encapuchado”.

El senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, argumentó que el proyecto no es necesario y que además no es inocuo para el Estado de Derecho y el ordenamiento democrático.

“Hay una minoría dentro de aquellos grupos que efectivamente comete delitos y desórdenes que queremos sancionar. Pero la pregunta es, ¿es necesaria esta ley? ¿Esta ley es inocua? Porque si fuera inocua para el Estado de derecho, para nuestro sistema democrático vigente, a lo mejor votaríamos a favor. Pero estamos convencidos de que no es inocua, que daña garantías fundamentales y, además, lesiona derechos humanos fundamentales. Esta reforma atenta contra una serie de garantías de carácter penal imprescindibles en todo Estado de derecho”, explicó.

Cabe recordar que en reiteradas ocasiones, agrupaciones de Derechos Humanos han señalado que los artículos más preocupantes fueron aprobados. Por ejemplo, lo relacionado con desórdenes públicos y los cortes de tránsito donde, señalaron la necesidad de mejorar la redacción para evitar que se puedan criminalizar cortes de ruta que puedan ser válidos en una protesta.

En general, preocupa que el proyecto estigmatice las movilizaciones sociales y significa un amedrentamiento a quienes participan de éstas.

Además se ha mencionado que la discusión inmediata que el Gobierno le otorgó a esta iniciativa hace casi dos meses, considerándose una manipulación y una estrategia, por su cercanía con las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Consejeros Regionales.