Sorpresa entre los familiares de las víctimas del Caso Polvorín generó la decisión, el pasado martes, de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco de revocar la privación de libertad de 16 de los 25 carabineros, militares y detectives en retiro involucrados en la muerte de militantes comunistas en el Regimiento Tucapel.

La fianza que fijó el tribunal alcanza los 50 mil pesos para conscriptos, 250 mil pesos para suboficiales y detectives, mientras que para los oficiales, incluido Alfonso Podlech Michaud, es de medio millón de pesos.

Esto llamó la atención de los familiares de las víctimas, los abogados y los sobrevivientes del caso ya que se les concede la libertad tan solo cuatro días después de haber sido detenidos y sometidos a proceso.

Además, en los alegatos del día martes, no surgieron elementos jurídicos nuevos que pudieran haber incidido en esta determinación, ya que la misma segunda sala, había rechazado, con la misma argumentación de la defensa de los procesados, tres recursos de amparo.

Esto generó extrañeza en el sobreviviente del episodio Herman Carrasco, quien calificó la decisión como inusual y sospechosa.

“La opinión pública tiene los elementos de juicio necesarios para formarse su propia idea y arribar a determinadas conclusiones respecto a esta situación tan poco usual o extraña, de una Corte de Apelaciones que el día anterior había fallado en contra de un recurso de amparo, precisamente respecto de Carlos Oviedo Arriagada y Raimundo García Covarrubias, y anteriormente, había fallado en contra del recurso de amparo del ex fiscal militar Alfonso Podlech”, comentó.

Las dudas se incrementaron en los afectados luego que Humberto Oviedo, el hermano de Carlos Oviedo, uno de los procesados, haya sido designado por el Presidente como nuevo comandante en Jefe del Ejército.

Pese a que no hay ningún tipo de argumento para comprobar alguna presunta influencia, Carrasco asegura que la decisión se tomó bajo argumentos no jurídicos.