Fue en el mes de octubre en el que la comisión investigadora que indagó en las presuntas irregularidades en la compra de material para el llamado “Plan Frontera Norte” entregó sus conclusiones.

Dentro del informe que fue aprobada por la sala de la Cámara, destacaba la intervención de Contraloría que detectó “una serie de deficiencias de carácter administrativo, que si bien no han infringido el principio de probidad, sí revelan ciertas descoordinaciones, omisiones y falta de capacidad que pudieran comprometer la eficiencia y celeridad de los procedimientos”.

Poco menos de un mes más tarde, una nueva irregularidad en la compra de instrumentos sacude a la policía uniformada luego que se diera a conocer la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de quienes resulten responsables de la adquisición con sobreprecios de productos para el Departamento de Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones, TIC, de Carabineros.

Según un informe emanado por Contraloría, se trataría de 1600 millones de pesos en pérdidas las estimadas en la operación que estuvo a cargo de uniformados que hoy se encuentran individualizados.

El Fiscal José Morales, de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, indaga esta causa que vincula a la empresa importadora Mellafe & Salas con el ilícito.

Para el diputado PPD, Enrique Accorsi, quien fue integrante de la comisión investigadora del Plan Frontera Norte, el problema pasa por el secretismo con el que se efectúan este tipo de operaciones en las fuerzas de orden.

“Por lo menos lo que nosotros hemos visto en el tema Plan Frontera Norte es que quedó bastante acreditado que hay un problema que tiene que ver con las compras directas. Eso es un tema que tiene que ser regulado, porque si no se producen muchos problemas, como además los oferentes son tan pocos y son tan especializadas las áreas, entonces hay que fiscalizar mucho más y obviamente que no se puede tener un sistema de compra directa cuando tú estás trabajando entre el oferente y el contratante de forma prácticamente directa, sin otros intermediarios.

La vinculación entre Mellafe & Salas con Carabineros fue detectada luego de un sumario realizado al Capitán de la institución, Carlos Bustos Prat, entonces jefe de la “Sección Gestión Económica del departamento TIC” que viajó a Tokio entre el 2 y 11 de octubre del año 2009, en compañía del gerente de la división de instituciones públicas de Mellafe y Salas, Rodrigo Carrasco Quiroga.

En el sumario además se confirmó que se realizaron compras de manera directa a Mellafe y Salas, vulnerando el conducto regular para estas adquisiciones, de 295 generadores eléctricos por un valor total de $787.887.844, con un sobreprecio de $484.160.564.

Para el diputado de RN, Cristián Monckeberg, este tipo de hecho se repiten no sólo en Carabineros, lo que califica de preocupante.

“Todo lo que dice relación con compra y adquisición muchas veces se ha visto envuelto en irregularidades y no solamente en Carabineros, sino que también me ha tocado revisar y formar parte de comisiones investigadoras en la compra de armamento para otras ramas de las Fuerzas Armadas. Es preocupante y, por lo tanto, que se esclarezca lo antes posible, y si la justicia o el Consejo de Defensa del Estado tienen que actuar, que actúen. En esto hay que ser implacable, las tentaciones están sobre la mesa pero no por eso hay que tomarlas, más bien hay que actuar en forma correcta. Y si aquí hubo irregularidades que se castiguen y que se sancionen”, expresó.

El parlamentario confirmó que este tema será tratado en la próxima reunión de la comisión de seguridad de la Cámara baja.

En la querella se menciona además al teniente coronel Ramiro Martínez Chiang, jefe de la sección de infraestructura del departamento TIC de carabineros, quien reconoció que hubo una reunión con representantes de Mellafe y Salas, para “elevar los requerimientos del portal Chile Compras” para la adquisición de los generadores eléctricos.

Finalmente el escrito solicita al Fiscal Morales que cite a declarar en calidad de imputados a los uniformados Carlos Bustos y Ramiro Martínez, además del ejecutivo de Mellafe & Salas que sirvió de nexo para las operaciones.

Todo esto se produce a días de que se dé a conocer la nómina de candidatos a suceder al actual Director General de Carabineros, General Gustavo González Jure, quien recordemos, fue bastante cuestionado por la compra de instrumentos por el “Plan Frontera Norte”.