Luego de que el empresario Julio Ponce interpusiera una querella contra el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, como parte del caso Cascadas, acusándolo de prevaricación administrativa, abuso contra particulares, y por haber dictado resoluciones injustas y arbitrarias en su contra, son varias las declaraciones en calidad de testigo que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad ha recibido.

La más reciente corresponde al Presidente Sebastián Piñera, quien respondió por escrito un cuestionario enviado por el fiscal José Morales, a cargo de la investigación, luego de la solicitud que realizara el defensor de Julio Ponce, el abogado Jorge Bofill.

En ese contexto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió al paso de las especulaciones y explicó que la participación del mandatario se trató de un requerimiento de la justica, ante lo cual el Presidente respondió de inmediato con el fin de colaborar con la investigación.

Respecto de los accionistas minoritarios, el abogado Mauricio Daza aseguró que si bien la nueva formulación de cargos presentada por la Superintendencia de Valores y Seguros le otorga consistencia a la investigación administrativa, reconoció que es extraño que no se formularan cargos contra los corredores de bolsa desde un principio, tal como ocurrió ahora y donde destaca la corredora LarrainVial como intermediario casi exclusivo de las sociedades relacionadas con las cuestionadas operaciones.

En ese contexto, Daza destacó los objetivos que se han propuesto como demandantes, señalando que “el objetivo final es que aquí la ley deje de ser una simple declaración en los casos de delitos de cuello y corbata. Que no exista impunidad y que este tipo de delincuencia que hasta el momento no obtiene condenas concretas en el sistema de persecución penal tenga una sanción ejemplar. Por lo tanto, lo que queremos es que se aplique la ley con independencia de cuál es la posición de las personas que aparecen delinquiendo”.

Cabe destacar que la investigación que desarrolla la Superintendencia de Valores y Seguros sólo puede sancionar con multas a aquellas personas que se consideren responsables por un conjunto de infracciones administrativas contempladas en la Ley de Mercado de Valores y en la Ley de Sociedades Anónimas. Mientras que en el caso de la investigación criminal podrían aplicarse sanciones de cárcel, que van desde los 541 días hasta los diez años.