“En el tribunal de Angol, Raúl Castro Antipán reconoció que realizó atentados incendiarios y otros hechos que el tribunal calificó como terroristas… ¡siendo agente de la Sipolcar de Carabineros de Chile!”.

Fue la denuncia del sacerdote jesuita Luis García Huidobro la que encendió la alarma sobre una situación que, paradojalmente, no sorprende a ninguno de los involucrados en la defensa de mapuches inculpados por atentados incendiarios bajo la ley antiterrorista: viene a confirmar lo que han constatado en terreno desde hace años.

En el contexto del juicio contra Luis Marileo y Patricio Queipul por el caso “peaje de Quino” de 2009, en el que ambos fueron juzgados bajo la ley antiterrorista pese a ser menores de 18 años, Raúl Castro Antipán confesó, en calidad de testigo protegido de la Fiscalía, su participación en atentados incendiarios en La Araucanía, así como una serie de otros delitos.

“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje”, detalla Luis García Huidobro. Todo esto, como parte de una operación de inteligencia policial que comenzó el año 2009.

El informante

“Esta persona se acerca a Carabineros, o Carabineros se acerca a él, y comienza a entregar información a cambio de que lo ayuden con una causa que tenía en Coyhaique. Así comienza a participar, le enseñan técnicas de inteligencia para infiltrarse en las comunidades”, afirma Sebastián Saavedra, abogado del Centro de Investigación y Defensa SUR y parte de la defensa de Luis Marileo y Patricio Queipul.

“Raúl Castro Antipán fue reclutado como informante de Carabineros mientras era un joven estudiante activista que se vinculaba con algunos grupos pro causa mapuche. Vendría a ser un infiltrado civil dentro de algunas organizaciones o movimientos acá en el sur. Claramente fue seleccionado para cumplir este rol porque tenía causas judiciales pendientes, entiendo que por robo, las que fueron usadas por inteligencia policial para ofrecerle una salida alternativa, que era prestar ayuda y cooperación como informante de la policía”, agrega el periodista y escritor Pedro Cayuqueo.

Fue el propio Castro Antipán quien admitió públicamente su participación en el “caso Tur Bus” y el caso del “peaje Quino”, ocurridos en julio y octubre de 2009.

Por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, treinta comuneros mapuche han sido encarcelados y posteriormente liberados entre 2009 y la fecha, entre los que se encuentran Patricio Queipul y Luis Marileo.

“La declaración de esta persona estaba en secreto, las personas estaban en prisión preventiva sin tener conocimiento del antecedente concreto por el cual los estaban metiendo presos. Cuando la defensa tiene conocimiento de esto, alegamos que se trataba de un imputado y no de un testigo, por lo tanto su nombre no podía estar en reserva. En ese momento conocemos su identidad y sus antecedentes penales. A partir de ese momento, comienzan a salir en libertad los comuneros dada la baja calidad de la prueba en su contra, que es la declaración de este muchacho. Hasta ese momento nosotros solo sabíamos que se trataba de un imputado que se había acogido al beneficio de la delación compensada, una figura especial contenida en la ley antiterrorista. Solamente en el juicio nos enteramos de que tenía contacto con Carabineros, que era apoyado y mandatado por ellos para infiltrarse en las comunidades”, agrega el jurista.

El debido proceso

Luis Marileo y Patricio Queipul pertenecen las comunidades Cacique José Guiñon y Temucuicui Autónoma, reconocidas en la lucha por la recuperación de sus tierras.

Mientras siete adultos inculpados en el caso “Peaje Quino” fueron liberados, ambos adolescentes debieron enfrentar la prisión por un delito que, este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol decretó que no cometieron.

“Luis Marileo estuvo en internación provisoria y Patricio Queipul, en cuanto supo de la existencia de una orden de detención por este caso, no salió más de su comunidad, por lo que solo fue formalizado por este delito el 2011”, detalla su defensor.

Pese a que la ley antiterrorista no puede ser utilizada contra menores de 18 años, ambos adolescentes fueron juzgados bajo su alero. Este miércoles fueron absueltos, ante lo que Sebastián Saavedra asegura que “una vez que estudiemos los antecedentes, evaluaremos la posibilidad de demandar al Estado por la infracción de las garantías mínimas del debido proceso”.

“Hay que recordar que ellos eran menores de edad al momento de que este infiltrado declarara. Si revisas la historia de la ley de responsabilidad penal adolescente, aprobada el 2005, jamás se había visto un caso en que un niño fuera procesado por una ley especial distinta y menos todavía por la ley antiterrorista, que es la más gravosa que tiene nuestro ordenamiento jurídico”, alerta.

El abogado hace hincapié en la falta de rigurosidad jurídica amparada por la ley antiterrorista. “En mis alegatos les señalaba a los ministros que qué ocurría si el día de mañana una persona se acoge a este beneficio y nos atribuye responsabilidad a cualquiera de nosotros. ¿Vamos a ir a la cárcel por ese solo testimonio, sin tener ningún otro medio de prueba? Otra comparación, ¿qué hubiese pasado si esa persona inculpa al Presidente Sebastián Piñera? ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza que hubiesen metido en prisión preventiva al Presidente por esa declaración? Eso es imposible y es una discriminación feroz respecto de los comuneros, que por el hecho de pertenecer a comunidades que están en conflicto basta la primera declaración de un sujeto con antecedentes penales, infiltrado de Carabineros, para que estuvieran en prisión preventiva cerca de un año”, indica.

El periodista Pedro Cayuqueo coincide en el diagnóstico: “Lo que tenemos aquí es una violación al debido proceso, una gimnasia olímpica de los fiscales de retorcer la ley y usarla en su beneficio para obtener condenas contra dirigentes que, en muchos casos, no tienen mayor responsabilidad en actos de violencia. He ahí la clara vinculación política del uso de esta ley, que ha sido tan cuestionada no solamente en Chile”.

La Fiscalía de La Araucanía negó que Raúl Castro Antipán fuese un informante de la institución. “Él es un imputado formalizado por el Ministerio Público, acusado y condenado”, aseguró el fiscal de Temuco, Roberto Garrido.

Sin embargo, su vinculación con Carabineros no fue descartada.