El Servicio Médico Legal, el Comité Internacional de la Cruz Roja y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos firmaron un inédito acuerdo para resguardar muestras biológicas de familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El convenio responde al anhelo de que la búsqueda de verdad y justicia no sea sólo de los familiares de las víctimas, sino de todas las instituciones del Estado, expresó el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos.

Asimismo, la autoridad señaló que el resguardo de las muestras sanguíneas que han donado los familiares de víctimas de vejámenes representa una garantía de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y compromiso con los tratados internacionales asumidos por el país.

“Es un avance tengamos más de 3.500 muestras sanguíneas de familiares de desaparecidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos, que generosamente no solo donan una gota de sangre, sino que ratifican un compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Identificar una víctima de la dictadura cívico militar significa muchas consecuencias desde el punto de vista jurídico: la contribución del SML es científica y objetiva, pero tiene una trascendencia también humana, judicial y social beneficiosa desde el punto de vista de algo que se repite mucho, pero por lo cual se hace poco, que es sanar las heridas del pasado”, explicó Bustos.

El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Felipe Donoso, afirmó que la institución vela por la protección de la dignidad de las víctimas de conflictos armados, en este caso familiares, y que la petición de conservación de las muestras de ADN se ha dado en un proceso transparente y participativo: “El CICR conserva muchos datos personales de víctimas de guerra, yo creo que podemos subir a 150 años de historia en que esta institución ha demostrado esa capacidad para gerenciar este tipo de colaboración con un Estado, como el caso presente de Chile. Es un caso no único, pero uno de los más marcantes de la historia moderna, porque estamos en un esquema donde los familiares y el Estado juntos solicitan al CICR”, indicó.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que la solicitud busca colaborar en la identificación de detenidos desaparecidos, a quienes no se ha podido encontrar porque se mantiene un pacto de silencio.

“Desde el inicio de esta transición, nuestra demanda es que el Estado tiene obligaciones que cumplir y que en general no las cumple. Le da la espalda al Derecho internacional y fundamentalmente avanza en la impunidad. Hoy se materializa una tarea de hace ya unos diez años, que era el resguardo de muestras internacionales producto de lo que fue toda la mala identificación del Patio 29. Quiero recordar todo lo que significó también la poca certeza que teníamos respecto de la rigurosidad científica de las muestras que se guardaron”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, criticó que recién después de 24 años el Estado se haga parte de tan valioso avance. En efecto, pidió que a futuro el Gobierno tenga voluntad política para tratar las violaciones a los DD.HH. y prevenir que hechos ocurridos en dictadura vuelvan a suceder.