Este martes, un grupo de familiares y amigos de Manuel Gutiérrez, joven de 16 años fallecido el 2011 por un disparo en el marco de las protestas estudiantiles asistió a La Moneda a hacer entrega de una carta a la Presidencia de la República y Ministros del Interior, Defensa y Justicia para reinstalar el caso.
Se trata de exigir al Gobierno la puesta en urgencia de las iniciativas legislativas que ponen fin a la Justicia Militar en delitos que involucran a víctimas civiles. Un tema que, denuncian, carece de prioridad gubernamental.
Sobre esto se refirió Miguel Fonseca del Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez: “Este caso fue tratado por la Justicia Militar y eso es algo muy grave porque no asegura un debido proceso, principalmente no se consideran las agravantes del caso, no existe neutralidad en término de la investigación, atenta contra todos los cánones de derechos humanos mundiales, por lo tanto, esperamos que la Presidenta de la República entregue un gesto al mundo social y a los DD.HH. y derogue el Código de Justicia Militar”, explicó.
Esta solicitud contó con el apoyo de los estudiantes de la FECH, las universidades privadas a través de Mesup y los estudiantes secundarios, por ocasionarse en el contexto de las protestas estudiantiles.
En este sentido la vocera de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto, señaló que “hay que entender que la represión y la violencia hacia la gente que hoy se manifiesta no ha terminado. Fue Manuel Gutiérrez, han sido otros muertos también en democracia, y frente a todas estas situaciones que tenemos de violencia y represión extrema no podemos quedarnos callados, tampoco nos vamos a detener de luchar, entendemos que hay que organizarse como punto principal para cualquier lucha que vayamos a emprender, siempre vamos a estar con esta causa de Manuel Gutiérrez y con todos los casos de los fallecidos que hemos tenido en democracia”, enfatizó.
Además las organizaciones exigen que se aumente la penalidad y cárcel efectiva para el cabo Miguel Millacura, responsable de la muerte del joven; y que, en ningún caso, se permita una posible absolución posterior por parte de la Corte Marcial.