Este proyecto de ley impulsado por Francisco Chahuán (RN), Carlos Bianchi (independiente), Hernán Larraín (UDI), Baldo Prokurica (RN) y Eugenio Tuma (PPD), plantea que se modifique el artículo 1 de la ley 19.628, sobre protección de la vida privada, agregándole el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho a exigir de los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos personales. La falta de pronunciamiento sobre la solicitud del requirente o denegación de la misma por parte del responsable de dichos motores de búsqueda o sitios web, le dará derecho al titular a ejercer el recurso contemplado en el artículo 16 (recurrir de amparo ante los tribunales de Justicia)”.

Así lo precisó el Senador Eugenio Tuma, quien explicó que este proyecto ha sido motivado porque “hay un comercio que se ha instalado en base a comercializar datos”, y también para permitir que “las personas que puedan borrar sus antecedentes cuando en los motores de búsqueda de las páginas web están caducos, que están vencidos, que son falsos, o no corresponden, por tanto es un paso de los derechos de los ciudadanos y usuarios de sistemas de páginas web”.

El Senador señaló que según las normativas vigentes, los datos deben ser borrados luego de 5 años, y explicó que el nuevo proyecto no se rige por ningún parámetro más que por lo que dice la ley.

La iniciativa del derecho al olvido ingresada por Senadores de diferentes sectores políticos, ha generado polémica, pues según expertos, podría limitar el derecho a la información, y la libertad de expresión.

Así lo expresó el Abogado de la ONG Derechos Digitales, Francisco Vera,  quien indicó que el proyecto “no hace nada nuevo, y lo único que logra es confundir”.

Explicó que el proyecto es impreciso, habla de “remoción de datos personales en general”, lo cual aseguró podría “perjudicar la libertad de expresión, donde los primeros beneficiados son los políticos, quienes deseen borrar parte de su pasado, o controlar lo que se dice de ellos en internet”.

El Académico de la Universidad de Chile y experto en el tema, Claudio Magliona, expresó que este proyecto es erróneo en materia legislativa, ya que indica “los datos se pueden borrar de los sitios web y bases de datos”, por lo tanto, “se puede prestar para que se solicite que se borren informaciones de portales de noticias, sitios de opinión”, limitando y perjudicando como también lo mencionó Francisco Vera, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Además explicó que el proyecto NO llega a proteger los datos de las personas como afirman los Senadores, lo cual es aceptado por la falta de comprensión de las gente acerca de sus propios derechos digitales.

Finalmente aseveró que este proyecto de ley nace del desconocimiento, ya que ya existe un proyecto de ley desde el 2012, que está en el Congreso, y que modifica y perfecciona una ley de protección de datos.

La Corte Europea de Justicia, con sede en Luxemburgo, aprobó una nueva ley del derecho al olvido, -que permite solicitarle a un buscador como Google que retire enlaces a contenidos de datos personales en determinadas ocasiones-,  fallo que tuvo fuertes repercusiones más allá de las fronteras de la Unión Europea, el Atlántico y el Ecuador.

Además, el tema generó grandes polémicas, ya que poco después de que se dictara el fallo, se han acogido a la ley ex políticos tratando de limpiar su pasado, personas condenadas por pedofilia, y médicos que solicitan retirar críticas negativas de sus pacientes.