“El Comité de Ministros ejerció en forma ilegal una facultad que se encontraba caducada, causando con ello un perjuicio irreparable a esta parte, que puede y debe ser enmendado con la correspondiente declaración de ilegalidad de dicha resolución”, son los argumentos de la empresa en la reclamación que presentó en el último día del plazo que tenía para apelar a la notificación del Comité de Ministros que, recordemos, suspendió la iniciativa, acogiendo las 35 reclamaciones en contra (34 de la comunidad y 1 del titular) y las más de mil observaciones de organizaciones ciudadanas.

El recurso de 34 páginas, cuyos apoderados son los abogados Mario Galindo y Gonzalo Cubillos, en representación del megaproyecto energético HidroAysén, controlado por Endesa y Colbún, fue acogido por el Tribunal Ambiental de Santiago bajo el rol R-40-2014 y busca impugnar la revocación del permiso de calificación del pasado diez de junio.
La idea es volver a la resolución del Comité de Ministros de Sebastián Piñera invalidada a inicios de marzo por considerar que tenía vicios de ilegalidad.

Esto sin contar la exigencia de hacer los nuevos estudios ya solicitados. El primero de ellos relacionado con el vaciamiento de los lagos glaciares ubicados en la zona y su impacto en el crecimiento del caudal de los ríos Pascua y Baker. El otro, sobre impacto en la salud de la población, por la llegada de cinco mil trabajadores a la zona en el peak de la construcción de las centrales proyectadas.

Además de esta propuesta, la firma anunció que en los próximos días presentará otro recurso, pero en el Tribunal Ambiental de Valdivia por la decisión que anuló el permiso ambiental, es decir la RCA.

Esto generó diversas reacciones en los ambientalistas. El Director Ejecutivo de Ecosistemas y Coordinador Internacional del Consejo de Defensa Patagonia, Juan Pablo Orrego, interpretó la decisión desde el daño económico de la empresa y la relación entre los accionistas de un proyecto que cada día aumenta en costos.

“Parece que hay una desesperación bastante grande por el término de declarar como una pérdida ante los accionistas de la empresa estos cientos de millones que se han invertido hasta ahora en el proyecto, y parece que son más de 380 millones de dólares, al parecer la suma alcanzaría algo así como 500 millones porque hay un tema tributario bastante complejo allí”, afirmó y añadió que con lo que se ha visto hasta ahora uno puede deducir que HidroAysén “va a la pelea”.

Por su parte, el Manuel Baquedano del Instituto de Ecología Política sostuvo que la decisión era predecible, porque declarar la pérdida en los balances complicaba a Colbún, el mayor accionista financiero. En ese sentido, leyó la acción como una maniobra dilatoria para retrasar la presentación de cifras negras a la alianza transnacional.

En ese sentido, advirtió que viene una batalla judicial de muy larga data que ya se puede adelantar con la observación de los argumentos de la reclamación “son conceptos típicos de los abogados conducentes a buscar contingencia legal”, expresó, pero añadió que la maniobra deja en evidencia el juego político que sostienen.

“Es paradójico que Endesa y Colbún judicialicen una decisión cuando el empresariado está alegando contra la judicialización de las decisiones y cuando les conviene, cuando tienen problemas, ellos no dudan en acudir a los tribunales”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier defendió el actuar del Comité que él mismo encabeza, el que está integrado por los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Helia Molina; de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Minería, Aurora Williams, y de Energía, Máximo Pacheco: “Nos asiste la convicción que el camino elegido fue el correcto, en la forma y en el fondo” y reiteró que el proyecto que levanta cinco centrales en la Patagonia “no se hace cargo de sus impactos ambientales”.

Con respecto del contenido del recurso, donde la empresa sostiene que la decisión del Comité fue discriminatoria y abusiva, afirmó que “no corresponde” y que le llama la atención, ya que HidroAysén nunca dijo eso antes del pronunciamiento.

Además, señaló que “el gobierno anterior no trató estos temas” y recordó que las reclamaciones estuvieron pendientes por más de dos años y medio, y que las nuevas autoridades se propusieron respetar el plazo de 60 días, cumpliendo con esa obligación.