Desde este sábado comenzarán a registrarse las audiencias que tengan las autoridades, los viajes que realicen y los regalos que reciban y que pudieran ser vistos como soborno, información que quedará disponible para ser consultada por la ciudadanía.

Esta norma regirá para los ministros de Estado, los subsecretarios, los parlamentarios, los funcionarios del Poder Judicial, y de organismos como el Consejo de Defensa (CDE) o el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En la antesala de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, Ximena Rincón, ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), manifestó sus reparos al cuerpo legal, y afirmó que si bien ingresó durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se vio modificado por completo por la administración de Sebastián Piñera. “ Esta es una ley que no nos tiene satisfechos a todos, pero es una ley de la República”.

Esto después de que este jueves el gobierno tanteara retrasar la iniciativa con el fin de dar tiempo a las distintas instituciones para poner en marcha la medida, considerando que el Parlamento, por ejemplo, aprobaba recién ese día el reglamento correspondiente.

Sin embargo, la Secretaria de Estado confesó que el rechazo en las redes sociales ante la noticia de una posible postergación fue tan contundente que decidieron seguir adelante.

Por su parte, el diputado Ricardo Rincón (DC), presidente de la Comisión de Constitución y Justicia, afirmó que ellos cumplieron con el plazo requerido y que la complicación vino por el rol de los embajadores.

“Alguna confusión se ha generado respecto de un problema que es un vacío legal que dice relación los embajadores. Se comprenderá que no es lógico exponer al público la temática propia de ciertas misiones, o encargos o cometidos del Estado de Chile a determinados embajadores en un contexto que requiere reserva o privacidad para el objetivo internacional X que se trace, lo que no tiene nada que ver con el Lobby”, afirmó el diputado.

Sin embargo, uno de los pilotos que realizó el gobierno para la implementación de la normativa fue, justamente, con Cancillería.

Otra de las críticas que han surgido es que podrían no estar disponibles los recursos económicos, administrativos y humanos para la aplicación de la Ley en las distintas reparticiones públicas, de hecho, el proyecto no contempla recursos adicionales a los servicios para implementarla, según confirmó el diputado.

En ese sentido, el senador UDI, Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, afirmó que ya se están enviando instructivos y que se van a realizar jornadas de capacitación para cumplir con lo requerido.

La experta en gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia de la Fundación Multitudes, Paulina Ibarra, afirmó que  se debe observar con atención el proceso de puesta en marcha.

“La ley tiene muchos vacíos, sin embargo, es un gran avance para Chile en materia de transparencia y probidad. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es trabajar con las autoridades, con el Congreso para ir monitoreando su puesta en vigencia y luego hacer aportes desde la sociedad civil para que vaya mejorando con el tiempo”.

Además, agregó que “hay que darle un plazo prudente al análisis para después hacer sugerencias o potenciales reformas”.

La especialista sostuvo que el principal reparo tiene que ver con la igualdad de trato, establecido en el artículo ocho del cuerpo legal, donde se señala que una autoridad puede delegar las audiencias a otro integrante de su equipo, lo que no está regulado.

Otro de los vacíos es que no cubre la comunicación telefónica o la que se realicé a través de correo electrónico. Finalmente, Paulina Ibarra destacó la gran crítica que ha surgido desde las organizaciones sociales; que la ley afecta sólo a los sujetos pasivos del lobby, quienes reciben la influencia y no en quienes la ejercen.

Pese a esto, las organizaciones valoraron que se avance después de once años en esta materia y llamaron a la ciudadanía a mantener una actitud vigilante en el proceso de implementación. Mientras, las autoridades confirmaron que evaluarán el funcionamiento de la nueva ley del Lobby durante el primer semestre de 2015.