En entrevista con Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, Marcela Ríos, doctora en Ciencia Política e integrante de la comisión Engel, conversó sobre su experiencia en la comisión asesora presidencial anticorrupción, analizando los temas centrales del documento presentado por Michelle Bachelet el pasado martes.

¿Ustedes consideran que la Presidenta recogió buena parte de las sugerencias que se llevaron a cabo en la Comisión?

En general estamos muy satisfechos por el discurso de la Presidenta. Pienso que refleja, en términos generales, los titulares de las más de 230 propuestas. Hay mucha discusión en el documento por lo que era imposible recoger absolutamente todo. Sin embargo, los temas centrales y el espíritu están reflejados.

Nosotros trabajamos en distintos ámbitos, no solo en materias de financiamiento a la política. También abordamos los temas de regulación del sector privado, del Estado, todo lo que tiene relación con la gestión pública, la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. La Presidenta aludió a la gran mayoría de los puntos que habíamos planteado. Por lo que puedo observar que el trabajo realizado tiene un efecto directo.

Ahora, obviamente, queda un proceso extenso vinculado a cómo las propuestas se traducirán en proyectos de ley, luego sean discutidos y finalmente aprobados por el Congreso.

¿En qué medidas, concretamente de corrupción, puede haber disensos importantes entre Gobierno y oposición, o al interior de los conglomerados políticos?   

Hay muchos temas que tienen que ver con adecuación de normas penales y que no son fáciles de despacho. Hay posiciones bien distintas que no necesariamente están cruzadas por el eje político ideológico. Hablando con los especialistas y con las instituciones, nos dimos cuenta que hay posiciones bien distintas en el mundo jurídico del derecho respecto de aumentar las penas, de hacer nuestra legislación más similar a la de otros países en materia de corrupción. Ahí habrá un debate largo pero siento que en general hay una disposición como nunca para avanzar. Éste es el lado positivo de las crisis y de los escándalos. Alguien comentaba que las crisis son como los dibujos del yin y el yang, de color blanco y negro. En el sentido de que hay un lado oscuro, que hace ver todo lo malo, pero también hay uno claro, de oportunidad. En materia de corrupción a nivel mundial siempre ha ocurrido así. Cada vez que hay escándalos de este tipo los países tienen la oportunidad de revisar sus normas. El aporte del Consejo ha sido tratar de poner este grano de arena planteando: esto es lo que hay que cambiar.

Tengo bastante confianza de que muchos de estos puntos van a pasar rápido ya que hay temas que a la ciudadanía está pidiendo hace tiempo. Las élites políticas no se daban cuenta de los problemas de legitimidad y confianza. El lado positivo de los escándalos de corrupción ha sido, como se dice en México, que ya se “les cayó el veinte”. Y también, hay un sentido de urgencia. Se necesitan hacer algo más o menos drástico para recomponer las relaciones con la ciudadanía.

Hay decisiones drásticas que ustedes han propuesto como terminar con el financiamiento de las empresas y de todos los entes jurídicos a las campañas presidenciales. Una propuesta que no es habitual en el mundo democrático, debido a que existen países que sí reciben aportes de las empresas y otros que las rechazan. ¿Costó alcanzar este acuerdo dentro de la Comisión? 

Dentro de las propuestas que planteamos, cerca del 90 por ciento fueron aprobadas por unanimidad. Estábamos todos de acuerdo en una gran cantidad de cosas, pero ésta no es de una de ellas. Éste es uno de los temas que hemos estado discutiendo como país hace mucho tiempo. Hay posiciones políticas o ideológicas bien claras y era improbable que en 40 días las personas que tienen posiciones fuertes cambiaran en torno a esta materia. En este punto hay experiencia variada aunque la mayoría de los países europeos más bien lo permiten.

Chile tiene un mal sistema en el sentido de que se permite con reserva, sin control. O sea tenemos el peor de los mundos. Podríamos haber transitado en un sistema manteniendo los aportes de las empresas y con mucha transparencia, pero uno de los ejes centrales de la propuesta tiene que ver con el control y la fiscalización. Ninguna pena o sanción funciona si no tienes a nadie fiscalizando. Ocurre como en cualquier otro ámbito. Si todos supiésemos que nadie nos va a parar por manejar en estado de ebriedad y si cuando lo hicieran no habría ninguna consecuencia, nadie se inhibiría de manejar en ese estado. En política no sirve de nada tener mejores reglas si no hay una fiscalización. Por eso que la reforma del Servel es tan importante.

Lo que ocurrió en el Consejo con lo de las empresas, no fue unánime. Tuvimos votos de minorías en este tema pero de los 16, 12 de los consejeros propusimos algo más radical. Esto, por el contexto en el que vivimos y porque nuestro país tiene características de su sistema económico que no son similares a otros países de Europa. Acá tenemos una alta concentración de la riqueza y que no está distribuida de manera homogénea en posiciones políticas. Hay una concentración de las empresas que tienen marcadas posiciones ideológicas con un solo sector o con un grupo de la sociedad. Permitir que las compañías sigan donando genera una distorsión muy grande en la competencia.

Patricio Santamaría, director del Servel declaró que ellos tenían la certeza de que todos los candidatos o el 90 por ciento de ellos vulneraron las normas que existían en nuestra ley respecto a los máximos gastos en las campañas. Ante este hecho, Santamaría afirmó que lo único que pueden hacer es observar las cuentas que nos entregan. Estas nuevas atribuciones que se le entregarán al Servel, ¿son contundentes para que se pueda evaluar o interpretar estos fenómenos?

Ésta es una de las áreas donde el informe entra en más detalles e hicimos muchas propuestas respecto de lo que tiene que haber en el sistema de control. Justamente el Gobierno se había comprometido a enviar un proyecto de ley que reformulara el Servel hasta el 15 de abril. Nosotros como Consejo le pedimos al Gobierno que esperara, que estuviera nuestro informe terminado antes de que mandaran el proyecto. El Gobierno accedió y esperamos que este sea un insumo directo para ese proyecto que está elaborando hoy el Gobierno.

En esta materia, lo que a nosotros nos interesa es fortalecer el gobierno corporativo, queremos aumentar la independencia del consejo. Hemos propuesto que el Servel tenga un carácter de organismo autónomo constitucional para aumentar su independencia. Hemos pedido que se aumenten los recursos, los funcionarios, las capacidades de control y las facultades. Queremos que tenga unidades internas de fiscalización, que tenga la capacidad de fiscalizar en terreno el gasto de campaña, que haya un fiscal que lleve causas y que tome la decisión de cuándo aplicar multas. De la misma forma que exista una división específica dedicada exclusivamente a controlar y supervisar el quehacer de los partidos políticos. También estamos proponiendo que los ciudadanos puedan hacer denuncias directamente al Servel, que tenga una unidad de recepción de denuncias, contestando a la ciudadanía y tomando decisiones cuando la información que reciba tenga fundamentos. Además que pueda iniciar investigaciones de oficio respecto del financiamiento de campaña o de la política.

Estamos proponiendo un conjunto de acciones. El Servel que nosotros teníamos era una institución que estaba estancada en la primera mitad del siglo XX. Han existido muchas reformas y nunca se le hizo una inyección significativa de recursos. Hay un presupuesto irrisorio, con 290 funcionarios para todo el país y la mayoría de la planta viene de siglos. Y a pesar de esas precariedades, el Servel es uno de los servicios electorales más reconocidos a nivel de América Latina. Esto por poder organizar bien las elecciones. Nosotros nunca tenemos cuestionamientos de que se roben las urnas o que la gente pueda poner votos no efectuados.  Más bien tenemos procesos limpios y legítimos. Pero cuando le empezamos a pedir al Servel que tuviera nuevas funciones como lo de fiscalizar las campañas, le empezamos a agregar responsabilidades para la que no tenía ni funcionarios ni recursos.

Si nosotros queremos combatir el tráfico de influencia o la corrupción y los conflictos de interés como país tenemos que invertir en las instituciones que fiscalizan: en la Fiscalía, en la PDI, en la Contraloría, en la Superintendencia de Bancos, en el Servel y todos los entes pertinentes que tienen como mandato el Consejo de Defensa del Estado.

¿Por qué es conveniente financiar a los partidos políticos?    

Acá existía absoluta unanimidad, tenemos una convicción absoluta. Además era importante que nosotros lo dijéramos, porque esto no lo puede pedir el Gobierno, tampoco los partidos o el Congreso. Nosotros sentíamos la responsabilidad de plantear ante el país esto de una manera muy clara y fuerte.

No existen democracias buenas, sin partidos buenos, no hay ninguna democracia avanzada que funcione bien, donde no se financien los partidos. Si no financiamos con recursos públicos a los partidos, ellos tienen que conseguir una boleta o cualquier tipo de malabares para financiar la campaña.

¿Qué cosas se les busca financiar?

Los partidos tienen que tener programas e ideas, tienen que hacer estudios y debates. Por ejemplo, un partido quiere discutir su posición sobre la Ley de Isapres y le gustaría juntar a sus militantes de distintas ciudades del país para discutirla. Hoy los partidos, excepto uno o dos que tienen recursos propios, no tienen dónde sacar dinero para hacer un encuentro, no tienen dinero para pagarle los pasajes, una sede para tener reuniones o cursos de formación para sus militantes. No hay dinero para pagar cosas básicas como el café, el té y los viajes para que la política no esté solo en Santiago.

Lo que planteamos es que en términos de probidad, transparencia e integridad, era necesario eliminar los peligros de captura de los partidos, porque lo que tenemos hoy es que los partidos necesitan financiarse y en ese esquema se les abre a la captura de empresarios, de mecenas y de caudillos.

Pero ya consentimos alguna vez que el Estado le pase recursos a los candidatos de acuerdo al número de votos que obtuvieran, pero todos siguieron consiguiéndose platas con SQM y con Penta…

Llevamos muchos años como sociedad, pagando con recursos públicos que se empapelen ciudades con palomitas. Es absolutamente irracional que una democracia invierta dinero en pagar campañas y no lo haga para pagar política. No hay ninguna sociedad que funciones sin política, no hay ninguna sociedad que funcione bien sin partidos.

Nuestra propuesta no es que se tome dinero y para que hagan lo que quieran. La propuesta es un cambio radical en cómo funcionan los partidos, estamos pidiendo una reforma del Servel para controlar, estamos pidiendo nueva Ley de Partidos y estamos pidiendo financiamiento público con varios requisitos. En primer lugar reinscripción con padrones que nos den garantías que no incluyan a personas muertas, que no exista el acarreo y que no estén quienes firmaron por las ballenas en los padrones de los partidos. Queremos que todos los partidos hagan una reinscripción de sus militantes para recibir financiamiento público.

En segundo lugar estamos poniendo condiciones de democracia interna, transparencia y un debido proceso interno y que los tribunales supremos funcionen.

En relación a la crisis institucional, el discurso de la Presidenta fue ambiguo. En el caso de la consulta y los cabildos ciudadanos no se le han dado contenido para saber si será sistemático, representativo y vinculante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se necesita Asamblea Constituyente, o no?

Había mucha gente escéptica, pensando que con este informe tratábamos de decir que no había que cambiar la Constitución o que los temas de legitimidad se resuelven con las medidas anticorrupción. Estoy totalmente en desacuerdo con eso, creo que todo este paquete de propuestas fortalecen la democracia, pero no resuelven el tema de la legitimidad de las instituciones.

La inmensa mayoría de propuestas que hacemos no tocan la Constitución, son legales y administrativas. Se puede hacer todo lo que estamos proponiendo y quedarnos con la misma Constitución, pero al revés también se podría tener la mejor Constitución definida de la manera más democrática y no resolver nada de los temas de control del efecto del dinero en la política.

Por eso tenemos que hacer las dos cosas. Sobre el tema constitucional yo siempre he creído que necesitamos una nueva Constitución, es esencial que nuestra democracia tenga una Constitución deliberada por los ciudadanos en democracia, con reglas democráticas. La mejor forma sería con un proceso que fuera de participación vinculante, hay muchas experiencias internacionales de distinto tipo. Hay un abanico muy grande de temas, pero lo esencial es que sea con una participación vinculante, nosotros tenemos que tener claridad respecto de cómo se van a tomar las decisiones, quién va a poder participar en la definición de los contenidos, cuáles van a ser las reglas del juego, cómo se van a representar las preferencias mayoritarias y minoritarias en esas reglas.

Para hacer todo eso es muy importante que haya un acuerdo sobre reglas del juego y yo creo que ahí seguimos topando y dándonos vuelta. Me parece importante que antes de que el Gobierno promueva una discusión con el Congreso, con los partidos, de ponerse en las reglas del juego que nos representen a todos, pienso que hasta que el Congreso no sea electo con un nuevo sistema electoral la ciudadanía va a seguir mirando con sospecha que se piense que solo el Congreso el defina el contenido de la Constitución.

¿Es indispensable en todos estos episodios de corrupción, de financiamiento ilícito de la política haya plena justicia y castigo a los culpables como condición para poder avanzar hacia la transparencia que queremos?

Es muy importante para nuestra sociedad dar garantía de que la justicia es igual para todos, que hay igualdad ante la ley y quienes la infringen tienen que cumplir con las penas como cualquier otro. Esto está en la base del estado de derecho, está en la base de un sistema democrático y no puede haber otro perdonazo ya que son muchos los que están violando la ley y sobre todo si se trata de quienes tienen cargos desconfianza. Los estándares éticos en la función pública, y eso también lo decimos en el informe, tienen que ser superiores en una democracia.