Después de la reunión que sostuvieron con los universitarios, el Ministerio de Educación confirmó que la gratuidad comenzará el próximo año por el 60 por ciento de alumnos más vulnerables de las 25 universidades que integran el Consejo de Rectores, tres Centros de Formación Técnica y cuatro Institutos Profesionales.

La falta de financiamiento y de un marco regulatorio fueron las razones que manifestó el Gobierno para no incluir a las universidades privadas que no pertenecen al Cruch o a los CFT e IP que no se encuentran acreditados o constituidos como sociedades sin fines de lucro.

“Efectivamente hay un tema económico, la gratuidad es una inversión importante del Estado que tiene que ser gradual. Así como también que tienen que ser criterios claros, transparentes y no arbitrarios, para que las instituciones no se sientan discriminadas. Es una combinación de ambas que ha llevado a la Ministra junto con la Presidenta a mantener lo que se había planteado originalmente.”, especificó Francisco Martínez, jefe de División de Educación Superior del Mineduc.

Con la confirmación del anuncio de la mandataria, alrededor de 260 mil estudiantes podrán optar a la gratuidad a partir del 2016, sin embargo la ratificación de esta iniciativa no fue bien recibida por los líderes de la Confech. Para Valentina Saavedra,  una de las voceras de la organización, esta medida “responde a una irresponsabilidad por parte del Mineduc de haber anunciado la expansión de la gratuidad en universidades que estaban fuera del Cruch, lo que generó expectativas y discusiones dentro de las universidades privadas”.

La presidenta de la Fech, comentó también que con esta designación se invisibiliza otra discusión. Para Saavedra esta decisión asume que todas las universidades del Consejo de Rectores cumplen los criterios necesarios para ser una universidad pública.

“¿Qué pasa si es que una universidad privada del Cruch se niega a hacer las transformaciones que se exigen en el proyecto de ley?, se les va a quitar la gratuidad o se va a acomodar el proyecto a lo que las universidades del Cruch digan”, discutió la vocera.

En tanto, Nicolás Fernández, vocero de las universidades privadas de la Confech, recordó la última reunión cuando todavía estaba Nicolás Eyzaguirre como jefe de cartera “él nos dijo que las privadas iban a poder optar a la gratuidad para el próximo año”.

En relación al encuentro con Adriana Delpiano, Fernández señaló que la entrega de un nuevo documento es la primera propuesta convincente del Mineduc. No obstante, criticó que uno de los argumentos de la ministra Delpiano, para no expandir la gratuidad al resto de las casas de estudio, fuera la falta de un mecanismo de regulación. “Este tema lo venimos tratando hace más de un año y medio, ya deberían tener tratado cuál es la regulación”, expuso el presidente de la federación de la Universidad Diego Portales.

Pero no solo de los estudiantes hubo una crítica vinculada a la exclusión de ciertas instituciones privadas. Desde los rectores, Fernando Montes de la Universidad Alberto Hurtado ya se había mostrado disconforme el 21 de mayo, cuando la mandataria hizo el anuncio. Al enterarse de que se confirmó la medida, el rector Montes preguntó “¿aquí si está buscando a los pobres?, busque a los pobres y ofrézcale una buena educación. Creo que mi universidad ofrece a gente más pobre que muchos de los que están en el Cruch y tengo mejores acreditaciones que muchas universidades”.

De la misma forma, el rector de la Universidad Alberto Hurtado afirmó que con esto se genera una relación de desventaja con las otras casas de estudio, que para él “crea inestabilidad y puede generar una crisis profunda en muchas instituciones generando un enorme mal al país. Me parece que una autoridad debe ser más seria. Me parece poco delicado, poco serio e inicuo”.

Otra de las dudas que existía antes de la reunión entre la Confech y el Mineduc era si se iba a respetar el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de alcanzar la gratuidad universal en los próximos cinco años. En torno a esta inquietud, Francisco Martínez, asesor del Ministerio en esta materia, confirmó que “la Presidenta sigue manteniendo su proposición original de avanzar hacia el 100 por ciento (al 2020) y el 2018 al 70 por ciento”.