En mayo de 2015 se promulgó la Ley 20.840, que logró terminar con el insostenible sistema binominal. Este mecanismo, que perpetuaba el orden institucional sobre la base de dos coaliciones monolíticas, fue reemplazado por un sistema “de carácter proporcional inclusivo”, que “fortalece la representatividad del Congreso Nacional”. Al menos así fue definido por los legisladores.

Más allá de estas afirmaciones, al nuevo sistema se le reconoce el innegable valor de haber puesto punto final a uno de los más enrevesados legados del autoritarismo. La Ley 20.840 disminuyó las barreras para la conformación de partidos y posibilita el ingreso de nuevas corrientes políticas al Parlamento.

Sin embargo, con la implementación de la reforma van quedando en evidencia sus debilidades, las que según especialistas en asuntos de gobernabilidad y derechos humanos, a la larga podrían transformarse en un peligro para la democracia. Especialmente cuando la consigna de “ampliar la oferta” de partidos políticos no establece las condiciones esenciales para su conformación, como por ejemplo, el respeto a los mismos principios democráticos que permiten su existencia.

Militares militantes

La Reforma Electoral modificó los requisitos para la constitución de partidos políticos, reduciendo el número de afiliados necesarios para su inscripción. Antes de la Ley 20.840, era imprescindible contar con, al menos, el 0,5 por ciento del electorado que votó en las últimas elecciones. En cambio, ahora solo se requiere el 0,25 por ciento; es decir, el requisito se redujo a la mitad. Junto con ello, se exige que el nuevo partido se conforme como tal en una sola región, reduciendo abruptamente la otrora exigencia de ocho regiones alternadas o tres regiones consecutivas.

Estas nuevas condiciones han concitado un renovado interés por conformar colectividades políticas, las que buscan representar en el Parlamento los más variados intereses. Pero la nueva oferta de partidos parece ser entendida, por algunos, como una oportunidad para reivindicaciones particulares, altamente sectoriales, con principios que contradicen las bases del sistema democrático.

Es el caso del movimiento Por mi Patria, que a fines del mes de julio culminó con la tramitación ante el Servicio Electoral para convertirse en un partido político. Esta colectividad, que se autodefine como patriótica y libertaria, es presidida por el ex capitán de Ejército Augusto Pinochet Molina, nieto de Augusto Pinochet Ugarte; el mismo capitán que el año 2006 fue dado de baja en su institución, luego de que, usando su uniforme, cuestionara el proceder de la justicia chilena en la persecución de miembros de las Fuerzas Armadas.

Con el peso de su ascendencia, Augusto Pinochet Molina y la directiva construyeron una colectividad cargada de liturgias y ceremonias castrenses. Según Eduardo Toledo, vicepresidente de Por mi Patria, este partido “surge al alero de lo que fue el Movimiento Unitario Nacional”, una extinta organización política que fundó el fallecido almirante Jorge Martínez Busch, y que reunía a un grupo de generales en retiro que habían sido designados senadores institucionales. Ellos “tuvieron la iniciativa de crear esta organización para agrupar a la gran familia militar que hay en Chile”, asegura Eduardo Toledo, relatando el origen de una colectividad que, dice, ahora está presente en las comunas de “Maipú, San Antonio, Santo Domingo, Recoleta, Puente Alto, Puerto Montt, Frutillar y Valdivia”.

Se constituyeron como movimiento el año pasado, con la pretensión de convertirse en un partido político y responder con él a la “crisis política que vive Chile”. El diagnóstico esbozado por Eduardo Toledo apunta al “mal manejo que ha llevado la clase política en los últimos 25 años”. Sin adscribir ni a la derecha ni a la izquierda, el movimiento Por mi Patria reprocha a los actuales partidos políticos, por transformarse “en una mera agencia de empleo”, llenando “el Congreso de familiares, con todos emparentados”, afirma Eduardo Toledo, como olvidando que integra una organización presidida por el nieto de Pínochet.

En este escenario, Por mi Patria cree saber “interpretar a la población, porque nuestra base política proviene de la familia militar y en la familia militar, tradicionalmente, han sido ciudadanos que han tenido la posibilidad de interactuar directamente con el pueblo”, asegura el vicepresidente de la organización.

Con esta impronta, afirman que su norte será “hablar con la verdad, asumir responsabilidades como lo hemos hecho históricamente y jamás vamos a permitir un hecho de corrupción”. El movimiento Por mi Patria quiere instalar en la agenda pública a la familia militar, porque “así como la clase media que no tiene representación política, la familia militar también tiene sus necesidades”.

En este sentido, la porfiada reivindicación por los derechos humanos, la verdad y la justicia, es percibida como “un slogan, un medio para acceder al poder”, que “oculta la verdad histórica que nosotros queremos promover”. Esta verdad es la misma que esgrimió tozudamente el fallecido ex director de la DINA, Manuel Contreras: “que en todo enfrentamiento hay víctimas”, pero que “la tortura no fue una política de Estado”.

“Exigimos que respeten nuestra verdad histórica”, reclama Eduardo Toledo. Una donde Pinochet “no fue un dictador”, sino un gobierno autoritario. Por ello, declaran su irrestricta reivindicación al Golpe de Estado, porque “Allende había perdido la legitimidad de origen” y “las Fuerzas Armadas son las llamadas a evitar ese tipo de crisis. No hay otra forma de generar un orden ante una crisis política y social”, asevera.

Entonces, si se repite una crisis social, política y económica, ¿crees que sería necesario ese tipo de intervenciones?

“Sí, porque las Fuerzas Armadas tienen por misión velar por la seguridad interior y exterior del estado chileno”, afirma resuelto el vicepresidente de este nuevo partido.

Esta declaración es complementada con una trasnochada teoría, que manifiesta evidentes rasgos antidemocráticos: “Cuando la autoridad pierde la legitimidad de origen. Cuando el pueblo entrega un mandato a un ciudadano para que lo represente es porque lo respeta y lo sigue. Pero cuando ese ciudadano cae en la ilegitimidad de no respetar las leyes de un Estado, de mentir a la población, de caer en la corrupción, esa legitimidad de origen se pierde y nace en el pueblo el legítimo derecho de rebelión. Ese derecho natural de rebelión obliga a los ciudadanos a exigir a ese presidente o presidenta que renuncie”.

Toledo continúa diciendo que “si el pueblo le exige la renuncia al presidente porque pierde la legitimidad de origen, de la misma manera pierde su calidad de autoridad hacia a las Fuerzas Armadas”.

Mentalidad miliar y piso mínimo

Consultado por estas declaraciones, que constituyen los principios políticos de una nueva organización aspirante al Parlamento, el abogado Hernán Montealegre se manifiesta preocupado. Este especialista en Derechos Humanos, fundador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, identifica en el surgimiento de estos grupos un problema de politización de las Fuerzas Armadas. Los militares, asegura, “tienen que estar lo más ajenos a la política. Tienen que ser un poder tan neutral como el judicial, no como el poder legislativo, en donde precisamente se enfrentan las distintas corrientes políticas”.

La conformación de agrupaciones políticas de raigambre militar, dice Hernán Montealegre, instalan una mentalidad profundamente lesiva para el Estado y la sociedad. “Los conceptos que los militares tienen del país son completamente diferentes a los conceptos civiles. Tienen el concepto de defensa y traición a la patria”, que “no tienen nada que ver con la política”. En este sentido, Hernán Montealegre asegura que “la mentalidad militar es muy importante para las Fuerzas Armadas, pero no para llevarlas al campo de la política, porque ahí naturalmente es un desastre”.

Para este abogado, los riesgos y los peligros de estas agrupaciones son inminentes, porque “el nieto (de Pinochet) va querer reproducir y propagar las ideas de su abuelo, que fueron un desastre absoluto y que condujeron a la violación más brutal de los Derechos Humanos en Chile”. Un asunto sobre el cual Por mi Patria tendrá que tomar una posición muy clara, “porque si no respetan los derechos humanos -continúa Hernán Montealegre- se ponen al margen no solamente del orden chileno, sino del orden internacional”.

En este punto también coincide Valentina Salas, del Programa de Gobernabilidad implementado por el PNUD. Para este organismo de Naciones Unidas, el respeto a los derechos humanos, y a los principios democráticos, es un “piso mínimo” para la conformación de cualquier colectividad política.

Por ello, Valentina Salas hace énfasis en la importancia de construir políticas públicas integradas, que no sólo eliminen las barreras para crear nuevos partidos, sino que además, establezcan ciertas condiciones que deben cumplir para constituirse. “Queremos partidos democráticos, transparentes y representativos”, asegura, estableciendo como esenciales ciertos requerimientos, especialmente cuando se propone otorgarles un financiamiento público.

El proyecto de ley que busca reformar el financiamiento a los partidos, motivado por los casos Penta y SQM, propone conformar un fondo estatal que les permita contar con recursos para el desarrollo de su actividad política. Sin embargo, Valentina Salas advierte que el financiamiento debe estar asociado “al cumplimiento de ciertos estándares mínimos de democracia interna y transparencia”. De lo contrario, si los fondos públicos se entregan sin condiciones, “va a ser una aventura muy atractiva armar un partido, porque con pocas firmas voy a recibir dinero”.

En este escenario, la conformación de partidos que reúnen a uniformados en retiro, junto a su extensa y vigente familia militar, resulta ser un fenómeno que requiere atención y resguardo. Especialmente cuando la muerte del ex director de la DINA, ocurrida unas semanas después de reabrir el Caso Quemados, reinstala a los Derechos Humanos en la agenda pública, y nos recuerda las inextinguibles deudas de nuestra democracia.