De acuerdo al informe, al interior de los penales existe un alto nivel de victimización. En este sentido, el once por ciento de los internos ha sufrido algún tipo de agresión sexual, y el uno de cada cuatro ha sido agredido físicamente.

En Chile, de los casos de violencia física, el 66 por ciento de las denuncias corresponde a agresiones de parte del personal penitenciario.

Diego Piñol, sociólogo del Centro de Estudios de Seguridad Social de la Universidad de Chile, apuntó a la ausencia de elementos que permitan la reinserción social de los privados de libertad.

“Dentro de las cárceles se están vulnerando los derechos y se está vulnerando el acceso a muchas cosas que son básicas para que los internos a la larga puedan reinsertarse, que es lo que le interesa al sistema. No le interesa a este sistema tenerlos encerrados y sin condiciones mínimas para poder primero sobrevivir y segundo cambiar su estilo de vida. Y eso es lo que hoy día estamos presentando en términos de poner una alarma”.

Asimismo, Mauricio Sánchez, siciólogo del Instituto de Asuntos públicos de la Universidad de Chile, agregó que nuestro país marca el mayor número de denuncias de agresiones de parte de los carceleros, tanto a los internos como a sus visitas.

“La vulneración de derechos en el caso de las cárceles chilenas comparativamente con los otros países si presenta ciertos problemas muy complejos, especialmente en lo que respecta a las relaciones internas que se dan entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, esa vulneración de derechos, que es sistemática y permanente, disminuye las posibilidades de reinserción”.

De acuerdo al abogado penalista Carlos Vera, la abultada tasa de agresiones por parte del personal penitenciario se debe a que preocuparse por la calidad de vida de los privados de libertad no es rentable en términos políticos.

“Gendarmería actúa en un marco de impunidad básicamente porque el Ministerio Público no investiga estos hechos. Preocuparse de los presos políticamente no es rentable, la gente los odia, pero en definitiva eso es escupir hacia el cielo, porque siempre está la posibilidad cierta de que alguien cometa un error y se vea enfrentado al sistema penal”.

En tanto, César Pizarro, de la organización 81 Razones, que recuerda a los internos que murieron quemados en la cárcel de San Miguel en 2010, valoró la aparición del informe “Condiciones de vida en los centros de privación de libertad”.

El representante indicó que ante la impunidad en que quedó el crimen ocurrido en dicho penal, han sido los mismos familiares y amigos los que han tenido que crear mecanismos para proteger sus derechos fundamentales.