Acusan a Burgos de negar tratados que amparan AC mapuche

El Ministro del Interior calificó de "fuera de la ley" la intención de levantar una asamblea constituyente mapuche. Sin embargo, académicos y representantes de las comunidades aseguran que la posibilidad está contenida en los tratados internacionales ratificados por el país, motivo por el que es posible convocarla.

El Ministro del Interior calificó de "fuera de la ley" la intención de levantar una asamblea constituyente mapuche. Sin embargo, académicos y representantes de las comunidades aseguran que la posibilidad está contenida en los tratados internacionales ratificados por el país, motivo por el que es posible convocarla.

Siguen las reacciones a la entrevista que Aucan Huilcamán diera a Radio Universidad de Chile, informando de la decisión de convocar a una asamblea constituyente mapuche.

Uno de los primeros en mostrarse contrario a la idea fue el Ministro del Interior, quien catalogó a la iniciativa como “fuera de la ley”.

De inmediato, Aucán Huilcamán, también encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras reaccionó al rechazo del secretario de Estado a la propuesta de Asamblea Constituyente Mapuche y le recordó que la declaración de Naciones Unidas reconoce que los pueblos indígenas son titulares del derecho a la Libre Determinación.

Con esto coincidió el Coordinador Jurídico del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, para quien las palabras del ministro Jorge Burgos también desinforman sobre la realidad de la legislación interna.

“Deja en evidencia el absoluto desconocimiento del Ministro Burgos del orden constitucional chileno por cuanto el artículo quinto inciso segundo de la constitución establece que los tratados internacionales que regulan materias de Derechos Humanos, que están ratificados y vigentes en Chile, están inclusive por sobre el rango constitucional”, sostuvo.

Silva añadió que con esto Burgos está desconociendo tratados tan importantes como el Pacto De Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y el Convenio 169, lo que reconocen autonomía a los pueblos indígenas y añadió que el ejercicio al que está llamando Aucán Huilcamán está completamente dentro del derecho.

El abogado afirmó que los pueblos tienen el derecho de definir la regulación y el ideario normativo dentro del cual quieren desarrollarse, aunque eso debe ser conjugado el planteamiento que apunta a que el país se reconozca como un Estado plurinacional.

En ese sentido, dirigentes dentro de la institucionalidad chilena se mostraron favorables a un gran diálogo. El concejal de la comuna de Curarrehue Fidel Tralma Huicán afirmó que “la característica principal del pueblo mapuche es el diálogo, y parlamentar se ha hecho de forma histórica” por lo que piensa que muchas comunidades y dirigentes estarían dispuestos a participar.

Otros voceros, incluso de comunidades en procesos de reivindicación territorial como el werkén de Rankilko, Rodrigo Curipán, afirmaron que si bien es una iniciativa de una agrupación, asistirían en caso de ser convocados al proceso que comenzaría en noviembre.

Pero hay quienes plantean que una mejor vía puede ser participar en el proceso de Asamblea Constituyente a nivel nacional para instalar, justamente, la noción de un Estado plurinacional y multicultural.

El werkén del parlamento de Koz Koz, Jorge Weke, afirmó que a veces se plantea la autonomía como fórmula a ciegas. “Que los pueblos originarios se emancipen, creen auto-determinación y se liberen por sui mismo y eso a veces tienen como consecuencia después no comprenderse mutuamente”, sostuvo.

Así aparecen varias propuestas, como la de participar de ambas instancias, realizando primero una gran conversación al interior del pueblo mapuche, para luego acudir con los objetivos claros al proceso constituyente a nivel nacional, buscando así generar un diálogo transparente entre ambas sociedades.

Pero la forma que adopte este proceso dependerá el nütram (el diálogo) entre los propios mapuche. Lo que sí queda claro es que sea cual sea el proceso de organización que comience este pueblo, como cualquier pueblo originario de nuestro país no sólo es legítimo, sino que está amparado por el derecho nacional e internacional.





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