Lo que podría ser una victoria a secas se ha transformado en un juego de interpretaciones sobre el alcance de los resultados logrados por los independentistas del Junts pel Si (Juntos por el Si). No hay duda que la coalición independentista liderada por el presidente catalán obtuvo el mayor número de escaños en estas elecciones: 62. Tampoco hay duda de que esa cifra no le otorga la mayoría absoluta en el parlamento y que, para lograrlo, tiene que sumar los 10 escaños obtenidos por el partido independentista de izquierda radical CUP. Con esa jugada de simple aritmética electoral alcanzarían 72 de los 135 diputados de la cámara regional.
Pero el quid de estas elecciones va más allá de la representación parlamentaria. Tras pedir al gobierno conservador de Madrid por más de dos años y en vano un referéndum sobre la independencia como los celebrados en Quebec o Escocia, Artur Mas apostó finalmente por convocar estas elecciones anticipadas del parlamento regional. En ese sentido, estos comicios fueron para el presidente catalán la fórmula soterrada para someter a plebiscito su propuesta secesionista. De ahí, que la cantidad de votos obtenidos por los independentistas –y no solamente el número de escaños logrados- sea crucial en la interpretación de los resultados de estas elecciones.
Sin mayoría de votos
Los sufragios depositados en las urnas miden la respuesta de los catalanes a la propuesta de su independencia. Y según los resultados oficiales, los independentistas no lograron la mayoría de votos necesarios para ganar un referéndum: juntos sumaron un 47,8% de los sufragios. Esa es la razón por la que las demás formaciones políticas que participaron en la contienda electoral no reconocen los resultados de estos comicios como el triunfo del “Sí” por la independencia de Cataluña.
Los independentistas catalanes, por su parte le salieron al paso a la derrota en votos y se declararon decididos a emprender el proceso de secesión de España con el argumento de que la alta cifra récord de participación de los electores catalanes, 77,5%, es lo que convierte a estos comicios en un plebiscito. Es decir, remplazaron la consigna de número de votos por tasa de participación. “Toda esa gente que negaba el carácter plebiscitario de estas elecciones qué dirán ahora, con más del 77% de participación, que nunca se había visto en unas elecciones del parlamento de Cataluña. Claro que es un plebiscito”, lanzó el presidente catalán y líder de “Junts Pel Si”, Artur Mas. “Tenemos un mandato democrático (…) y esto nos da una enorme legitimidad para seguir adelante con este proyecto”, añadió cuando celebraba la victoria frente a 2.000 personas que ondeaban banderas independentistas en el centro de Barcelona.
“Ciudadanos”, convertido ahora en el principal partido de oposición en el parlamento tras llegar como segunda fuerza en estas regionales (25 escaños), estima que el triunfo fue para el “No” a la independencia de Cataluña. “La mayoría de los catalanes hemos optado por la convivencia y por la unión”, afirmó la candidata de esta formación de centro derecha, Inés Arrimadas, quien pidió la dimisión de Mas y convocar a nuevas elecciones.
Lo mismo piensa el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, férreo opositor a la escisión de Cataluña y quien negó de manera sistemática la petición de Mas de convocar a referendo el tema de la independencia. “La mayoría de los catalanes rechazó la independencia”, afirmó desde Madrid el portavoz del PP, Pablo Casado. “Vamos a seguir garantizando la legalidad, vamos a defender la unidad de España”, agregó.
El voto restante quedó disgregado entre el Partido Socialista (16), el conservador Partido Popular (PP) de Rajoy (11) y la lista creada entorno al antiliberal Podemos (11).
Escaños por políticas sociales
Para sumar una mayoría absoluta en una cámara de 135 diputados, Junts pel Si necesita los 10 escaños con que se alzó la CUP. Sin embargo, este partido independentista y anticapitalista catalán no está dispuesto a dar sus escaños a “Junts Pel Si” a cambio de nada. Para pactar, la CUP exigió poner en marcha un plan de emergencia social y no escoger como presidente al liberal Mas.
En su fiesta de celebración organizada en el barrio barcelonés de Poblenou, el líder de la CUP, Antonio Baños, llamó a los catalanes a la desobediencia civil. “A partir de mañana la legislación española puede y debe ser desobedecida por los catalanes”, dijo. Y en una crítica tanto a las políticas de austeridad impuestas desde Madrid como a las del gobierno conservador de Artur Mas, el dirigente de la CUP afirmó que es necesario que “que todos los catalanes y todas las catalanas puedan comer tres comidas al día”.
“Hoy nace la república”, lanzó. “La república la hacemos todas, la república la vivimos digna, desde mañana mismo, irrenunciable”, añadió.
Lo que perdería España
La hoja de ruta ideada por la coalición Junts pel Sí prevé empezar su camino hacia la independencia con una declaración de inicio del proceso independentista una vez constituido el Parlamento regional. Su intención es abrir entonces negociaciones con Madrid y Bruselas para buscar una salida a la secesión.
No es poco lo que arriesga España con la separación de Cataluña pues se trata de la región más rica de la cuarta economía de la Eurozona. Sin Cataluña, España perdería 25% de sus exportaciones, 19% de su PIB, 16% de su población, su principal puerta a Europa y su principal destino turístico.
El Gobierno de Rajoy insiste en que no aceptarán ningún tipo de negociación para dividir el país, que en diciembre celebrará unas elecciones legislativas que podrían alterar notablemente el mapa político. Incluso, está a punto de aprobar una propuesta de reforma urgente del Tribunal Constitucional que permitiría inhabilitar a Mas por cualquier acto ilegal.
La respuesta que los independentistas contemplan en su hoja de ruta es declarar la independencia unilateral. Y Mas advirtió recientemente que Cataluña podría dejar de pagar su parte de la deuda española, que asciende a casi un 100% de su PIB.
En este contexto, el presidente del País Vasco español, Iñigo Urkullu, reclamó este domingo “una consulta legal y pactada” sobre el estatuto de la “nación” vasca.