Senadores de la UDI defendieron la presunción de inocencia en torno a Jaime Orpis, cuyo desafuero fue solicitado por el Ministerio Público en las indagaciones al financiamiento ilegal a políticos por parte de la familia Angelini a través de su empresa Corpesca.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, se refirió a la petición de desafuero, indicando que “las formalizaciones o peticiones de desafuero no constituyen condenas”.

“Las formalizaciones y las peticiones de desafuero no constituyen condenas, sino que son el inicio de procesos judiciales o de una investigación, por lo tanto desde el punto de vista constitucional, las personas que están en esa situación se presumen inocentes y por lo mismo no vamos a tomar ninguna medida distinta de la política que hemos seguido hasta ahora”, dijo a la salida de la reunión de coordinación de Chile vamos.

El también senador gremialista Juan Antonio Coloma indicó que confiaba en la inocencia de Orpis, de quien tiene una buena impresión por su trabajo con drogadictos.

“Partamos de un principio, es razonable el derecho a la defensa de una persona que ha demostrado durante su vida ser un gran servidor público, me sorprende porque aún no se habían respondido todas las preguntas que el Ministerio Público había planteado”.

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez indicó que las argumentaciones en torno a la presunción de inocencia de Orpis configuran una defensa corporativa del gremialismo,

“Tienen una defensa corporativa por un tema que sin duda es bastante delicado para ellos, porque la cara visible de los grupos económicos y la política es Orpis, pero sin duda todos ellos están involucrados en que tengamos esa ley de pesca, que no se aprueba por casualidad, sino porque hay conglomerados políticos a los que les interesa de sobremanera entregarles todos los recursos naturales a estas familias de industriales pesqueros”, acusó el PC.

En este sentido, para Gutiérrez, no puede haber impunidad en relación a los delitos de corrupción, independiente de las penas de cárcel que pueden o no cursarse, pues en su concepto “estado de derecho es un camino que hay que recorrer con todas sus consecuencias, porque los políticos no son personajes privilegiados, también están bajo la ley”.

En lo judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó a trámite la solicitud de Fiscalía.