Los consumidores ganaron una batalla ante la Corte Suprema en la línea de regular y desmonopolizar el mercado del gas. Ahora, están a la espera de la decisión del Tribunal de la Libre Competencia (TLC), para fijar nuevas normas que permitan evitar posibles abusos. Esto luego que se conociera que la empresa Metrogas excedió el máximo de rentabilidad legal que corresponde al 11 por ciento de ganancias.

Como “un precedente importante” catalogó el Presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo de los Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, la decisión de la Corte Suprema de ordenar al Tribunal de la Libre Competencia comenzar un proceso de consulta pública para eliminar las distorsiones que dominan el mercado del gas.

Para Calderón, la idea es que se revise la llamada “integración vertical y horizontal” que posee la industria del gas en el país. Según explicó esto impide una diversidad en los oferentes de la totalidad del mercado.

“Los mismos empresarios que están ofreciendo el gas natural, son los que le ofrecen el gas licuado de galones. Si un ciudadano opta por cambiarse y decir que no quiere ocupar gas natural o licuado y quiere ocupar parafina, también son los mismos. Incluso, si alguien quisiera dejar de utilizar alguno de los tres elementos mencionados y quiere utilizar electricidad, bueno, son los mismos que le están vendiendo la electricidad. O sea, todo queda en las mismas manos, la misma industria”.

El problema, dijo Calderón, es que “se trata de una integración absoluta, porque a eso hay que agregar que son los mismos dueños de las redes en la zona urbana, de los gaseoductos, de las plantas de gasificación tanto de gas natural como de petróleo, e incluso, en algunos casos llega hasta la propiedad del carbón”.

El especialista espera que el Tribunal tome determinaciones para mejorar la estructura de propiedad de ese sector que, actualmente, genera distorsiones, tal como indicó la misma Comisión Nacional de Energía.

Esto considerando el ejemplo español que en 2008 desintegró la industria totalmente, formando operadores de infraestructura para los distintos procesos, que no pueden proporcionar los servicios finales en los hogares, lo que queda en manos de distintos actores.

Por su parte, el diputado radical, Carlos Jarpa, integrante de la Comisión de Economía recordó que el organismo parlamentario ha estado trabajando en esta materia, ante el riesgo de que se produzcan colusiones u otras transgresiones a la ley vigente.

Para Jarpa esto “es un robo que se le hace a todos los chilenos”, con servicios que son básicos y donde prácticamente no hay competencia”. En esa línea afirmó que cuando hay pocos oferentes no sólo se facilita la colusión sino que, en su opinión, en este caso también se ha transgredido “lo que fija la ley sobre las ganancias”.

Por ello, el parlamentario valoró la decisión del Máximo Tribunal y pidió que se establezcan mejores condiciones para los consumidores.

Ahora el TDLC debe manifestarse sobe las relaciones de propiedad que están operando en el mercado y la conformidad de las compañías que operan en el gas natural y el gas licuado.

Para ello no existe plazo fijo, sino que el organismo regulador se fijará los tiempos que estime conveniente para revisar los antecedentes antes de emanar un pronunciamiento, dentro de ellos figura el informe técnico elaborado por Conadecus y los reportes de las empresas.