Los expertos que asistieron la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, abandonaron México la semana pasada en medio de una intensa polémica, ante la decisión del gobierno de no extender el período de estancia del grupo. Francisco Cox es el único chileno que integró este equipo que surgió en 2014 y en el que participaron también abogados de Guatemala, Colombia y un médico español.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la que depende este grupo, lamentó la decisión del gobierno que consideró que ya pasó tiempo suficiente para que los expertos entreguen sus conclusiones.

El abogado dijo estar satisfecho con la instancia que a su juicio marcó un precedente en los mecanismos de los que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para asistir investigaciones en este ámbito.

En cuanto a los hallazgos valoró que el equipo, en línea con lo que planteaban las víctimas, descartara la tesis defendida por el gobierno.

“Creemos dar elementos fuertes para decir que la versión que se estaba dando como oficial de que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero, no tenía sustento, tenía contradicciones muy fuertes entre quienes declararon esa versión y las cinco personas que dieron testimonio tienen signos de haber sido torturados. Además, la prueba científica que nosotros aportamos no da elementos para que pueda haberse realizado una quema con esa magnitud en ese lugar al nivel que habrían quedado los restos de los estudiantes”, explicó.

Francisco Cox acusó falta de voluntad política por parte del Estado mexicano y resistencia desde la Procuraduría General de la República, donde había personas que se quedaron anclados a la versión oficial, con ánimos de cerrar pronto el caso por el costo político que esto implicaba.

“Lo que se nos dijo es que había dos tensiones al interior del Estado una que era de mayor apertura y otra de cerrar el caso rápido. Al parecer, tomaron más fuerzas estos otros sectores que son un pésimo asesor. Lamentablemente, el presidente en algún momento se va a arrepentir de haber tomado esa decisión, en lugar de haber permitido que se siguiera indagando y que efectivamente el caso vaya hacia donde la evidencia lo lleve y no donde algunos quieren llevarlo y forzarlos a cerrar el caso”, dijo el abogado.

El jurista señaló que hubo múltiples obstáculos burocráticos en el proceso que también se vio tensionado por una baja aprobación de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, en medio de las críticas por la fuga del narcotraficante conocido como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Entre las dificultades del proceso, Cox mencionó la fragmentación de las causas, que generó problemas de acceso a la evidencia y la imposibilidad de analizar el caso en un contexto amplio; la negación de autorizaciones para entrevistar a testigos claves y la demora en las diligencias solicitadas.

“Nuestra primera solicitud de entrevistar a miembros del 27 batallón que es un ejército que está en Iguala y que tiene personal registrado en el expediente observando cómo detienen a los muchachos, cómo les pegan y cómo después van a la comisaría donde tendrían que haber estado los chicos, hay uno de los agentes de inteligencia del ejército que dice filmar y tomar fotografías de uno de los eventos, que es el evento del Palacio de Justicia, justamente donde esta este quinto autobús de donde desaparecen todos y donde hay menos evidencia. Nunca nos pasan los antecedentes, no nos los pasaron a nosotros, pero tampoco a la Procuraduría General de la República, es decir, simplemente no llega al expediente esa información”.

Frente a estos problemas, los investigadores plantearon a la Corte Interamericana que “los objetivos del mandato no fueron cumplidos, pero la asistencia técnica tiene que darse a quien quiera recibirla y aquí no están las condiciones”.

Respecto a los familiares de las víctimas, el abogado dijo que la comisión buscó manifestarle al Estado cómo debe relacionarse con ellos, “en un marco de procesos participativos, con dignidad y no orientados a tranquilizar a la opinión pública”.

“Es muy fuerte cuando nosotros decimos que no hay evidencia científica de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero, los propios padres habían dicho que ellos sabían cómo era quemar y que no se podía haber quemado a 43 personas ahí, que no había rastros de una quema, que las piedras no se ponían así cuando se quema a ese nivel. Entonces la sabiduría popular se sintió validada por gente que venía de afuera con legitimidad desde el propio Estado y desde el mundo internacional que le dicen ‘ustedes tienen razón, ahí no pasó lo que les están diciendo que pasó’. Eso les dio mucha fuerza y unidad a los familiares”, señaló.

Además destacó que cuando el equipo comenzó a trabajar el gobierno no tenía relación alguna con las familias. “Poco a poco fuimos creando espacios para que se produjera esta comunicación y ese es un rol que no creo que haya sido tomado en cuenta lo suficiente a la hora de ver la conveniencia de nuestra permanencia en México. Se lo dijimos al ministro del Interior, a nuestras contrapartes del Estado: Nosotros somos el último eslabón de institucionalidad entre los padres y el Estado. Los padres nos dijeron que éramos una última esperanza”.

En esa línea, manifestó su frustración y pena en no poder dar respuestas claras a los familiares de las víctimas. Y advirtió que con esto el gobierno los deja desamparados y con riesgo de que “empiecen campañas de criminalización en contra de los padres”. Por eso dijo que seguirán pendientes del caso y disponibles ante cualquier requerimiento de ayuda.

El próximo 22 de mayo los integrantes del equipo investigador viajarán a Estados Unidos, a presentar el informe antes las autoridades políticas de ese país y solicitar que no queden en desprotección los familiares de las víctimas.

“Quisimos que el caso al menos nos permitiera dejar recomendaciones sobre fallas estructurales que vemos en el sistema procesal penal en México. Ahí hay un aporte en términos de dar cuenta de temas como la centralidad en la confesión que tiene el sistema, la falta de una visión global o el hecho que solo se investigue al autor material y no al autor intelectual, entre otros. Esto también es un aporte para la sociedad civil de ese país, en tanto con esta información también pueden exigir al Estado que dé respuesta a esos temas”

Finalmente Francisco Cox valoró que en la entrega del último informe se diera cuenta de nuevas irregularidades en el proceso lo que según dijo “le dio fuerza a los familiares” para continuar en busca de la verdad.