Los diputados Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Karol Cariola entregaron su respaldo a los trabajadores de call center del banco BCI, quienes cumplieron 46 días en huelga.
La Presidenta del Sindicato, Carolina Guerra, denunció incumplimientos por parte de la institucionalidad laboral y acusó una brutal represión por parte de Carabineros.
Además, la dirigenta apuntó al Gobierno, señalando que pese a las reiteradas solicitudes, no han sido recibidos por las autoridades.
“Lamentablemente esta negociación ha sido muy compleja porque ha tenido trabas de parte del ministerio del Trabajo, que ha estado entrampando el proceso. La ministra Ximena Rincón no nos ha recibido, por lo tanto muy difícilmente se puede enterar de cuál es el problema”, aseveró.
El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, cuestionó el accionar de la empresa y aseguró que las condiciones en la que se desempeñan los trabajadores son “infrahumanas”.
“Estamos hablando de una industria inescrupulosa en la que detectamos prácticas de esclavitud moderna en empresas y grupos económicos que también se encargan de financiar campañas ilegalmente. Hablamos de BCI, del grupo Yarur, en el cual se están investigando ciertas boletas emanadas para financiar campañas ilegales. Estamos hablando de condiciones infrahumanas, no solamente que el piso de las remuneraciones es el sueldo mínimo sino que además para poder acceder a los bonos se miden cosas tan subjetivas y poco transparentes como la sonrisa telefónica”, declaró.
El parlamentario emplazó al Ejecutivo a no hacer la vista gorda frente a esta situación, la que aseguró, es producto de una legislación heredada de la dictadura y que el Gobierno no ha tenido la voluntad de reformar.
“Si llevan 46 días en huelga es porque tenemos una legislación laboral heredada de la dictadura, del plan de José Piñera, y que los gobiernos no han sido capaces de transformar. En este gobierno tampoco se tuvo la convicción, por ejemplo, de negociar por rama. Podríamos tener un sistema en que todo el gremio del call center pudiera tener condiciones mínimas para que este tipo de situaciones no se vulneren. Esta es una situación en que el gobierno no puede mirar para el lado”, expresó.
Los dirigentes sindicales evalúan entregar una queja a la Organización Internacional del Trabajo.